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Alto contrasteLa ruta del delito
Dos importantes golpes al crimen organizado y a organizaciones delictuales hemos conocido esta semana. Por una parte, la investigación que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, a través de la cual habrían salido del país más de $ 78 mil millones mediante complejas operaciones financieras. Por otra, el operativo que terminó con 17 detenidos en Ñuble y la incautación de activos por miles de millones de pesos asociados a una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de madera.A primera vista, se trata de fenómenos distintos. Uno está asociado a una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas que operan en la región; el otro, a un delito que por años ha afectado a la industria forestal. Sin embargo, ambos casos comparten un elemento que merece especial atención: las investigaciones no se concentraron únicamente en los delitos de origen, sino en las estructuras económicas que les permitían prosperar.
Ese punto es particularmente relevante. Durante mucho tiempo, el debate sobre seguridad pública se enfocó principalmente en la necesidad de aumentar detenciones, reforzar la presencia policial y endurecer sanciones. Si bien todas ellas son herramientas necesarias, la experiencia internacional ha demostrado que las organizaciones criminales rara vez desaparecen cuando se captura a algunos de sus integrantes. Lo que realmente pone en riesgo su supervivencia es la pérdida de su capacidad para generar, ocultar y movilizar recursos.
Tanto en el caso del Tren de Aragua como en el del robo de madera, las pesquisas siguieron la ruta del dinero. En el primero, la atención estuvo puesta en una estructura destinada a introducir recursos de origen ilícito en los circuitos financieros formales y facilitar su envío al extranjero. En el segundo, la investigación permitió identificar una operación que no solo robaba madera, sino que además la procesaba, comercializaba y dotaba de apariencia de legalidad mediante mecanismos propios de cualquier actividad empresarial.
Cuando se logra cortar el flujo de recursos, se golpea el verdadero motor que alimenta a estas organizaciones.
La conclusión es evidente: el crimen organizado ya no opera únicamente en los márgenes de la economía. Para expandirse necesita acceder al sistema financiero, utilizar sociedades comerciales, emitir documentación tributaria, mover activos y aprovechar espacios de la actividad económica formal. En otras palabras, requiere construir modelos de negocio capaces de sostener y multiplicar las ganancias provenientes de actividades ilícitas.
Por ello, estos casos también contienen una advertencia para empresas, reguladores y autoridades. Los sistemas de prevención de lavado de activos, los programas de compliance y los controles internos suelen percibirse como exigencias regulatorias cada vez más complejas. Sin embargo, constituyen una de las principales barreras para impedir que organizaciones criminales encuentren en la economía formal los instrumentos necesarios para consolidar sus operaciones.
La lucha contra el crimen organizado seguirá requiriendo más capacidades policiales, mejores herramientas investigativas y una institucionalidad robusta.
Pero estos casos recuerdan que el desafío no consiste únicamente en detener delincuentes. Consiste, sobre todo, en desarticular los negocios que hacen rentable el delito. Porque cuando se logra cortar el flujo de recursos, se golpea el verdadero motor que alimenta a estas organizaciones. Y es precisamente en ese terreno donde Chile parece estar comenzando a dar pasos en la dirección correcta.
