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Alto contrastePesada herencia laboral
A menos de dos semanas del cambio de mando, las últimas cifras de desempleo han confirmado la pesada herencia laboral que recibirá el próximo Gobierno. El último informe del INE dio cuenta no solo de un alza de tres puntos porcentuales en la tasa de desocupación, que se situó en 8,3% en el trimestre noviembre-enero, sino de 37 meses consecutivos con niveles por sobre 8%, una situación que solía experimentarse en períodos de crisis, pero que no ha sido el caso en el último período. El Gobierno de Gabriel Boric concluirá, así, con tres de sus cuatros años bajo emergencia laboral, con un promedio de desempleo de 8,6% y que se eleva a 9,2% en el caso de las mujeres. Se trata de uno de los peores ámbitos de desempeño de la actual administración, tal vez solo igualable al controvertido desajuste crónico en las cuentas públicas.
De acuerdo con el INE, la tasa de ocupación continúa por debajo de los niveles previos a la pandemia y aún faltarían del orden de 250 mil empleos para recuperar plenamente esa referencia. Más allá del optimismo del ministro de Hacienda, quien destacó la creación de cerca de 705 mil empleos durante la actual administración, lo cierto es que la informalidad sigue bordeando el 27%, lo que se traduce en más de dos millones de personas que trabajan sin acceso pleno a seguridad social ni protección laboral efectiva.
El escenario plantea urgentes desafíos económicos y sociales, que el próximo Gobierno deberá asumir en un contexto de presiones fiscales.
A ellos se suma que los períodos para encontrar trabajo se han extendido, especialmente para los mayores de 50 años y los jóvenes, en un escenario en que el mercado enfrenta transformaciones asociadas a nuevas tecnologías e inteligencia artificial para las que hasta ahora no existe una estrategia pública de adaptación laboral clara.
La agenda laboral de la administración Boric -que recibió el desempleo en 7,7%- ha terminado decantando en mayores costos para la contratación formal, pues -aunque bien intencionados- los aumentos del salario mínimo, la reducción de la jornada y la reforma previsional no fueron acompañados de una agenda vigorosa en productividad, inversión y simplificación normativa que facilitara la generación de empleo.
Todo este escenario plantea desafíos económicos y sociales relevantes para el Gobierno que asumirá, cuyo programa laboral es un punto de partida para comenzar a resolver las fricciones. Entre sus propuestas figuran la revisión del sistema de indemnización por años de servicio, una mayor flexibilidad contractual, la reducción de la incertidumbre regulatoria y ajustes en el rol de la Dirección del Trabajo. El plan identifica nudos clave, pero la magnitud del deterioro exige medidas complementarias que incluyan políticas focalizadas en mujeres, jóvenes y mayores de 50 años; priorizar el proyecto de sala cuna -con las revisiones que sean necesarias- para resolver discriminaciones en la contratación y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral; y modernizar el sistema de capacitación, de manera que responda a las necesidades productivas del país.
El desafío del próximo Gobierno es emprender una estrategia que combine reformas laborales, productividad y crecimiento sostenido, en un escenario donde las inversiones y el dinamismo de la actividad siguen siendo las mejores respuestas para generar empleo formal.
