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Alto contrasteUn año de la ley de 40 horas
La ley que reducirá la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales en cinco año, uno de los ejes programáticos del Gobierno, cumplió su primer año de vigencia y, como era esperable, ha sido objeto de un intenso escrutinio. Su implementación progresiva, orientada a favorecer el equilibrio entre vida personal y trabajo, sin comprometer la productividad, ha enfrentado dificultades prácticas, interpretaciones dispares entre empleadores y trabajadores, y una creciente fiscalización por parte de la autoridad.
Según datos de la Dirección del Trabajo, se han cursado multas por un total de $2.814 millones y se han registrado 2.319 denuncias por infracciones a la normativa. El comercio encabeza el listado de sectores sancionados y las infracciones más comunes corresponden al incumplimiento de la jornada ordinaria semanal de 44 horas y a la omisión de disposiciones legales específicas contempladas en la ley. No obstante, los reclamos relacionados con la normativa representan menos del 3% del total de denuncias recibidas por el servicio.
Sin duda, el avance en conciliación entre vida laboral y personal es relevante, pues reconoce el valor del tiempo como un componente fundamental del bienestar y favorece condiciones laborales más sostenibles en el largo plazo. Sin embargo, aunque la normativa contempla no afectar la productividad, el verdadero problema estructural de Chile radica justamente en su baja productividad, un déficit que no ha sido resuelto ni forma parte activa de la agenda pública.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, el impacto de este componente fue nulo en 2024, lo que da cuenta de la exigua capacidad de la economía para lograr en un horizonte de corto plazo un mayor dinamismo, que genere crecimiento sostenible y mejores niveles de bienestar. Chile se ubica, de hecho, como el cuarto país con peor desempeño entre los miembros de la OCDE en esta materia.
El mismo organismo atribuye esta debilidad a factores estructurales: brechas significativas en competencias básicas, baja inversión en capacitación laboral, alta rotación de trabajadores (en torno al 37%) y un sistema educativo que no logra cerrar las desigualdades existentes.
Dado el contexto global y los desafíos tecnológicos crecientes, iniciativas como la reducción de jornada deben ir acompañadas de políticas orientadas a mejorar la productividad. Este tema ha estado notablemente ausente en la agenda gubernamental, y es poco probable que se aborde en lo que resta de mandato. Las campañas electorales ofrecen una oportunidad para introducir propuestas audaces y realistas frente a un problema que amenaza con convertirse en el mayor freno al desarrollo del país.
