Un llamado que excede al empresariado
El cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, presentó el 21 de agosto, ante más de 300 empresarios y ejecutivos convocados junto a la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC), la carta “La empresa promotora del bien común”. El documento fue recibido con una atención transversal poco habitual, ya que hasta el ministro del Trabajo, Tomás Rau, la calificó como “una carta muy necesaria, en un momento muy importante”. La recepción no es casual, pues el cardenal rechazó de entrada reducir a la empresa a su función instrumental —“estoy lejos, pero lejos, de pensar que ustedes son un cajero automático”, advirtió—, e insistió en que las decisiones corporativas no operan en el vacío, ya que su impacto no solo alcanza a los trabajadores, sino también a las familias, el empleo y la cohesión social.
Leída con atención, la carta no se agota en un llamado al empresariado propiamente tal. Así lo señaló el propio cardenal Chomalí al insistir en que “el problema es de todos y también las soluciones de todos”, en referencia a nudos críticos del mercado laboral como el desempleo juvenil, las brechas salariales de género, las trabas asociadas a la maternidad, la exclusión de migrantes y personas con discapacidad, y la creciente automatización de los procesos productivos, e insistiendo en que la rentabilidad no puede alcanzarse a costa de la dignidad de las personas ni del bienestar de sus familias.
En un país donde la relación entre empresas, trabajadores, sindicatos y Estado está en tensión permanente desde el estallido social, ese llamado a reconstruir vínculos de confianza alcanza, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto y no solo a quienes toman decisiones de inversión y contratación.
El valor de la carta no debiera medirse solo por su recepción en el mundo empresarial.
El contexto le da urgencia al planteamiento. Según el último boletín del INE, la ocupación informal llegó a 27% a nivel nacional en el trimestre abril-junio, cerca de 2,5 millones de personas. La desocupación nacional, por su parte, se ubicó en 9,4% en el trimestre marzo-mayo, con una brecha de género que persiste, pues mientras la tasa general fue 9,1% en el trimestre febrero-abril, la desocupación femenina llegó a 10,5% en ese mismo período. A esto se suma la advertencia que el propio cardenal planteó días antes, en una conferencia sobre inteligencia artificial, donde afirmó que “un empresario no puede garantizarle trabajo a sus trabajadores, pero sí tiene la obligación moral de garantizarles empleabilidad”.
Es valorable, en ese sentido, que el cardenal Chomalí sitúe a la empresa como constructora fundamental del país y que condicione ese rol a un criterio que trasciende el resultado económico. Pero la carta también pide reciprocidad, ya que el propio documento llama a “un gran diálogo entre los empresarios, los sindicatos, la academia y el Gobierno”, lo que supone que ningún otro actor —tampoco el Estado ni la ciudadanía— queda eximido de responsabilidad frente a los desafíos que identifica.
De ahí que el valor de la carta no debiera medirse solo por su recepción en el mundo empresarial. Chile necesita espacios de discusión seria sobre empleo, productividad y reconversión tecnológica que excedan la coyuntura de cada sector, y la reflexión del cardenal Chomalí ofrece precisamente ese punto de partida común. Darle a este llamado el mismo valor transversal que le otorga su autor, y no reducirlo a un gesto dirigido a un solo sector, es la forma más consecuente de responder a la pregunta de fondo que plantea la carta: qué sociedad estamos dispuestos a construir.