Abogado de profesión, exdirector de empresas como la Compañía Marítima de Punta Arenas y hasta excandidato a diputado. Alfonso Campos nació y estudió en Santiago, pero mantuvo siempre un lazo con la Región de Magallanes y hoy, asentado en Punta Arenas, encabeza una fuerte oposición al megaproyecto de amoníaco verde HNH Energy, que involucra una inversión de US$ 11 mil millones.
La iniciativa -propiedad del consorcio conformado por las empresas austríacas Ökowind y Austria Energy Group, y la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)- es hoy la segunda inversión más alta en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y este miércoles la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) podría otorgarle su permiso ambiental. Esto, luego que el 18 de agosto el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes publicara el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación de aprobación.
Campos es descendiente de José Menéndez, quien fue el fundador de la Estancia San Gregorio a fines de los años 1870. Tras su fallecimiento, cuenta que quedó con la Estancia Santa María pero "en los tiempos de la Unidad Popular todo fue expropiado y tuvimos la mala suerte de que la Unidad Popular le entregó al Ejército nuestra parte". Luego, dice, se convirtió en propietario de la Estancia San Gregorio comprando las partes de cuatro herederos. En total, 25 mil hectáreas. La unidad básica en Magallanes -dice- es 4.000-5.000 hectáreas.
Sobre cómo comenzó la historia que hoy lo tiene enfrentado con un megaproyecto, recuerda que inicialmente lo contactaron con la intención de hacer una planta piloto con seis aerogeneradores que implicaba comprarle un terreno en un sector apartado del campo. "Siempre para un ganadero vender terrenos para fines industriales es buen negocio, pero resulta que después no eran seis aerogeneradores, sino 200. Y no era hidrógeno verde, sino amoníaco. Y las plantas no iban a estar el sector alto del campo muy lejos de mi casa, sino a 500 metros de mi casa", cuenta.
Ya en el año 2021 se rompieron todas las relaciones con la compañía. "Es más, cuando les dije que no, por el sector bajo me pidieron concesiones mineras", dice, agregando que le han hecho muchas ofertas de dinero, pero quiere seguir viviendo en el campo y hacer ecoturismo.
"Aunque me ofrezcan cualquier cosa, no quiero aerogeneradores. Estas grandes empresas creen que ellos, porque dicen que tienen un proyecto grande, pueden hacer cualquier cosa con el propietario y el propietario tiene que aceptar (...) El más pequeño propietario con el más grande proyecto, tienen los mismos derechos de acuerdo a nuestra Constitución, la cual la peleamos tanto".
Para Campos, no solo hay una razón personal y técnica para oponerse. También, tiene la convicción que "este proyecto, en este momento, es inexistente". Cuenta que a uno de sus vecinos la compañía le debe US$10 mil en arriendo: "Austria Energy era un vendedor de proyecto y el que estaba interesado era CIP, los cuales decidieron que el negocio no era rentable, se retiraron. Por lo tanto, en este momento, Austria Energy no tiene plata ni para pagarle los arriendos a los ganaderos. Le piden una prórroga de dos años para pagar. Todos hablan que se van a aprobar US$ 11 mil millones y no tienen ni US$ 11 mil".
Campos agrega que la compañía no solo despidió a todo su personal, sino que "en este momento no hay nadie del proyecto, no tiene contratado a nadie, cerraron todas sus oficinas. Por lo tanto, esto es un proyecto que no existe. Lo único que quieren es tener el permiso. Justamente es conseguir el permiso para más adelante poder negociarlo y poder vender un proyecto, pero en este momento no hay nada".
Relata que, hace dos semanas, aprovechando una actividad en la que estaba el exPresidente Gabriel Boric con su padre, tomó un café con el exMandatario donde -dice Campos- se mostró "completamente a favor del hidrógeno verde". "Por más que le dije que esto era un volador de luces, él sigue insistiendo que era su mejor idea lo del hidrógeno verde. Y, respecto a la parte ambiental, dijo que los ecologistas estaban dando la hora. Eso es lo que me dijo Gabriel Boric. Él sigue pensando (que es bueno) el hidrógeno verde", comenta.
Sobre el actual Mandatario, José Antonio Kast, a quien conoció en su primera candidatura presidencial, dice que en una oportunidad le comentó su proyecto para potenciar la zona. De cara a la definición que se tomará este miércoles, Campos sincera una clara advertencia: "Yo voy a seguir hasta el final (...) No voy a ceder en nada, porque tampoco no hay nada que ceder, porque lo que quiero es que no se haga el proyecto y quiero vivir en mi casa".
Adelanta que, en caso de ser aprobada la iniciativa, junto a su recurso que ya está preparando ante el Comité de Ministros, se presentarán otros dos: uno del Panel Ciudadano desde la arista ambiental y otro de la Agrupación de San Gregorio Sustentable por los derechos ciudadanos de los vecinos.
- Este miércoles se resuelve el destino del proyecto en la Coeva. En caso de ser aprobado, considerando que el ICE fue favorable, ¿van a judicializar y acudir a todas las instancias?
- Todas. Absolutamente todas. Es decir, primero Comité de Ministros, luego el Tribunal Ambiental y seguiré hasta la Corte Suprema. El problema es que creo que el proyecto de hidrógeno verde nunca se va a hacer, pero me preocupa es el precedente que se crea. Me preocupa que no se está reconociendo el derecho de propiedad, se está dejando que una persona llegue y me corte el campo en dos.
Soy el principal afectado, yo no existo. Evidentemente que eso es importante y además que un gobierno de derecha apruebe esta brutalidad, va a crear un precedente para que después un gobierno que no cree en el derecho de propiedad haga cualquier cosa... ¡Si el día de mañana hay empresas estatales o vienen los chinos o cualquier cosa!.
Ahora, si quieren aprobar para decir que aprobaron un proyecto de US$ 11 mil millones que no existe y si eso es más importante que el derecho de propiedad, los pequeños o medianos empresarios, bueno, parece que nos equivocamos, parece que nos equivocamos en votar (por un gobierno de derecha).
- Desde que comenzaron las negociaciones, ¿ha recibido algún tipo de compensación, mitigación o algo desde la compañía?
- Cero. Yo los dejé entrar gratis. Y nunca hablaron conmigo. Nunca me dijeron si estaba de acuerdo que instalaran al lado de mi casa. Y después, ahora, se quieren meter y hacer un camino en la mitad de mis instalaciones ganaderas, dejándome aislado (...) Mi hijo vive en la parte de adelante de San Gregorio y los mega camiones van a pasar a tres metros de su cama. Y de esas cosas nunca me han hablado. Es decir, ¡nunca hablaron conmigo!. ¡Nunca me preguntaron si yo estaba conforme de que hicieran estas cosas!.
En el primer estudio ambiental, yo no existo. Mi casa, que llevo viviendo 40 años y tiene más de 120 años, mi familia no existe, está deshabitada y lo otras otras casas de trabajadores que están más cerca todavía, no existen (para el estudio ambiental).Pusieron que no existían y lo que es peor, un puesto de pescadores que que tengo cerca de la playa, que se lo doy a mis trabajadores para que vayan a pescar, porque con eso se hacen unos pesos más, decidieron en el informe que era de propiedad de seis señores, y esos seis señores decían que tenían una bodega y se comprometían a no usarla.
- ¿Cómo evalúa la tramitación ambiental que ha tenido la iniciativa hasta ahora?
- Aquí hay un organismo que se ha opuesto hasta el final, que es el Consejo de Monumentos Nacionales, que dice que es una brutalidad porque rompe toda la estructura de la zona típica y, además, pone en peligro las instalaciones que son viejas porque ellos quieren hacer caminos.
Y resulta que el SEA dice que no es 'impacto significativo' poner una carretera por la mitad (del terreno), que no deja que los camiones, que los turistas, que los buses estacionen (...) Pero resulta que el SEA dice que no es impacto significativo porque el titular lo dice. Resulta que ahora el titular (HNH) manda más que Monumentos Nacionales. Aquí tenemos otra cosa muy grave que resulta que la (ex)gerente (de relacionamiento comunitario) de HNH es la delegada presidencial (Ericka Farías).
Ella, en su declaración de intereses, había omitido que era delegada presidencial. Salió en la prensa y tuvo que reconocerlo. Y dice que se va a abstener. Pero mi pregunta es: es la jefa de de los demás (funcionarios), que saben que ella tiene un interés directo en el proyecto, porque lo aprobó. ¿Qué independencia tienen los seremis para oponerse a lo que dice la delegada presidencial, por más que ella se abstenga?
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