Vacuna contra el Covid-19, más allá de la logística

egún el cronograma establecido por el Gobierno, mañana debe comenzar la vacunación masiva contra el Covid-19, con la meta de que en torno a 15 millones de personas sean inoculadas durante el primer semestre. Al país ya han llegado cuatro millones de dosis de una vacuna producida en China y existen acuerdos con ése y otros laboratorios para recibir varios millones de dosis más. Está previsto que el proceso avance por etapas, según actividades prioritarias y grupos etarios que se informaron hace unos días.

En materia de cobertura de la vacuna, “Chile está más avanzado que algunos otros países de la región”, según la economista jefa del FMI. No obstante, es apenas el primer paso de un desafío logístico que recién comenzaremos a dimensionar mañana, a medida que se vaya desarrollando un proceso que no tiene precedentes en su escala y rapidez.

Dicho esto, el reto va mucho más allá de la indispensable eficiencia logística, pues consiste primero que nada en tratar con personas, que deberán aceptar someterse a un procedimiento sobre el cual —por diversos motivos— pueden tener legítimas dudas. Sólo desde el punto de vista laboral, como planteaba ayer una columna en estas páginas, ello pone sobre la mesa una serie de preguntas, ninguna de obvia respuesta: ¿Qué hacer respecto de trabajadores que rehúsen vacunarse, por ejemplo? ¿Sería posible obligarlos? ¿Sería eso correcto? ¿Podría sancionárseles de alguna manera, o incluso despedirlos? ¿Cabría persuadirlos con incentivos?

Llevadas a otros ámbitos de la vida, aclarar esas dudas exige una reflexión que a primera vista aún no iniciamos. Se trata, en el fondo, de encontrar formas de acordar un equilibrio virtuoso —o al menos razonable y susceptible de llevar a la práctica— entre derechos, libertades y deberes ciudadanos, a la vez conjugando distintos planos (individuos, sociedad civil, empresas, Estado…). La presión de los plazos hace que esta reflexión no sólo sea muy necesaria, sino decididamente urgente.