La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó toque de queda desde las 18.00 a las 06.00 horas en la zona andina de Pataz, luego de que 13 trabajadores de una pequeña mina vinculada a la productora de oro Poderosa fueran asesinados por mineros ilegales, luego de varios días secuestrados.
Ante este escenario, la mandataria ordenó la suspensión de toda actividad minera en la provincia por 30 días, con el fin de evitar nuevas muertes. "Durante este plazo se va a proceder a la exclusión de todos los reinfos en condición de suspendidos; mano dura para estos delincuentes criminales", señaló.
Desde el Ministerio de Energía y Minas señalaron que podría "prorrogarse" este periodo.
Boluarte pidió a las mineras que operan en la provincia que "no subcontraten las concesiones porque esos también subcontratan a terceros y se pierde el control de quiénes son los que están en la actividad minera".
Según la mandataria, las concesiones formales como Poderosa, Horizonte, Marsa, Santa Bárbara y Caraveli han sido objeto de actos violentos que han costado la vida de varios trabajadores en diferentes momentos.
Frente a estas declaraciones, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, Julia Torreblanca, señaló a un medio local que no deberían penalizar a la minera legal, sino "a aquellos que están fuera de la ley o están vinculados a actividades criminales".
A esto se sumó un ejecutivo de Poderosa, quien enfatizó que la suspensión de actividades "debería ser aplicable únicamente a los mineros informales".
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La tragedia
Los cuerpos de los trabajadores de la minera artesanal R&R, que mantiene un contrato de explotación con Poderosa, una de las mayores productoras de oro del país, fueron rescatados por la policía durante el domingo.
"Poderosa lamenta el fallecimiento de las 13 personas que fueron cruelmente asesinadas por criminales aliados a la minería ilegal", dijo la empresa en un comunicado recordando que el secuestro de los trabajadores por parte de "mineros ilegales coludidos con elementos criminales" fue el 26 de abril.
El secuestro y posterior asesinato se produjo en una pequeña mina artesanal que opera dentro del área de concesión de Poderosa, en la provincia de Pataz.
Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) condenaron el crímen y demandaron a las autoridades "que identifiquen a sus autores y que sean sancionados con todo el peso de la ley”.
Este hecho "evidencia que las economías ilegales buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada, como es el caso de concesiones y operaciones mineras formales”, agregó la institución.
También criticó que el Gobierno, a la fecha, no haya aprobado el plan de lucha contra la actividad ilegal y menos aún su presupuesto. "No basta con declaratorias de Estados de Emergencia para hacer frente a las actividades ilícitas ya que ha quedado demostrado que no tiene resultados efectivos en la provincia de Pataz".
A estas declaraciones se sumaron diversas asociaciones como Perucámaras, la Sociedad Nacional de Industrias, Asociación de Exportadores y la Cámara de Comercio de Lima, entre otros. "Este hecho no es un caso aislado. Es la consecuencia directa de la ausencia de una política integral, firme y eficaz del Estado frente a la criminalidad organizada, así como de la mantención de mecanismos como el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), que lejos de contribuir a una verdadera formalización, ha permitido durante años la expansión de actividades ilegales", lamentaron.
Es por esto que solicitaron al Gobierno que "asuma con responsabilidad, liderazgo y decisión el desafio de reprimir y erradicar el crimen organizado".
Desde V&C Analistas condenaron el asesinato de los mineros y llamaron a "recuperar el control territorial y fortalecer la presencia estatal" en la zona.
Ante este escenario propusieron cuatro puntos: medidas legales y de control inmediato; implementar puestos de control estratégicos; presencia efectiva del Estado; y, la construcción de un frente social contra el crimen organizado.
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Otras muertes
La empresa denunció que 39 personas, entre colaboradores y mineros artesanales, han sido asesinadas por bandas criminales que tomaron el control de Pataz, convirtiéndola en "un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades".
Desde el año 2020, la minería ilegal ocupó varias de las concesiones de la productora aurífera Poderosa.
El reciente secuestro y posterior masacre se produjo pese a que la región se encuentra en estado de emergencia con la presencia de policías y militares en medio de constantes ataques a la minera.
A finales de marzo, Poderosa informó la muerte de otros dos trabajadores de una mina artesanal en Pataz, luego de una emboscada de mineros ilegales.
La compañía reportó previamente ataques a sus instalaciones y en los últimos cuatro años 15 torres de alta tensión fueron derribadas con explosivos en incursiones violentas.
La empresa solicitó al Gobierno replantear su estrategia para enfrentar la criminalidad, incluyendo la intervención de la policía en bocaminas ilegales en donde se esconden y operan los grupos armados responsables de los ataques.
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