La tragedia vivida hace unos días en el centro comercial Real Plaza Trujillo quedará en la memoria colectiva de los peruanos por mucho tiempo. También marcó un punto de inflexión en la industria del retail y el real estate, ya que los diversos organismos y municipios del país iniciaron de manera inmediata una fiscalización que arrojó múltiples cierres de malls y otras tiendas.
De acuerdo con cifras recogidas por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), existen 10 centros comerciales cerrados y 14 supermercados y otras tiendas clausuradas por irregularidades relacionadas con higiene y seguridad, y también fallas estructurales.
DFSUD consultó a diversos expertos respecto de la situación, los cuales coincidieron en que no se debe generalizar, porque es un hecho trágico y puntual.
Al respecto, el director de gestión en Inversiones Inmobiliarias Global, Carlos Montero, explicó que “los actuales reglamentos y normas establecen unos requisitos muy estrictos tanto para centros comerciales, para edificios de oficinas y para edificios de vivienda y las empresas constructoras también están siguiendo todo esto”.
A su juicio, las empresas que construyen contratan “buenos” supervisores y “están siendo bien fiscalizados”, a lo que se suma el que se respetan las normativas sísmicas, lo cual -dijo- “da una mayor seguridad de que las cosas se hacen bien en el Perú”.
Sin embargo, la académica de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño, comentó que a veces “lo que pide la norma no es realmente lo que se necesita o la forma en que se supervisa no se hace adecuadamente”. “Lo cierto es que no sería raro que nos encontremos con estos casos de estar al límite (de la normativa) y que sea muy precaria la calidad de la construcción de la infraestructura”, agregó.
En tanto, el gerente general de la Accep, José Antonio Contreras, apuntó que lo que viene ocurriendo “es una cacería de brujas”. “Las autoridades vienen cerrando no solo centros comerciales sino establecimientos de todo tipo, supermercados, restaurantes y otros, de manera indiscriminada”.
El miércoles pasado, se clausuró un supermercado Wong -del holding chileno Cencosud- alegando problemas de seguridad e higiene, sin embargo, fue reabierto el viernes, tras subsanar las falencias encontradas.
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Responsabilidad municipal
Tras lo sucedido en Real Plaza Trujillo, organismos como el Indecopi y los municipios del país iniciaron una exhaustiva fiscalización. Al respecto, la académica comentó que “las municipalidades están prontamente buscando cualquier posible suceso adicional para, de alguna manera, resarcir responsabilidades o asegurarse de que el cumplimiento de la normativa fue el adecuado”.
Eso sí, destacó que todo está sucediendo demasiado rápido, “a pesar de que para todo esto hay cronogramas”.
Respecto de esto último, Montero señaló que “hay que tomar un poco con cuidado las cosas y no desesperarse o no hacer tampoco una especie de figuretismo”, apuntando a esto último como una especie de aprovechamiento mediático.
Además, “hay que considerar que cuando tú cierras un centro comercial se están cerrando también todas las tiendas y se está dejando sin trabajo a la gente”.
En ese sentido, indicó que es necesario normar los plazos porque las pérdidas económicas y laborales pueden ser muy grandes. “Hay que partir de plazos pequeños y si no solucionan el problema menor en dos tres días se puede cerrar 15 días; podría ser un tema mucho más progresivo y paulatino para que también las empresas tengan oportunidad de hacer las mejoras”.
Gaviño, en tanto, lamentó que la situación se politizara y que el Congreso peruano exigiera aclaraciones. A ello sumó la crítica de que los municipios han estado limitando los accesos a parques y lugares públicos, lo cual, desde 2023, ha obligado a los peruanos a utilizar los centros comerciales como un lugar de distracción.
Finalmente, enfatizó que “se tienen que mejorar muchas de las cosas que se están viendo porque adolecemos de tener adecuada supervisiones. Se tiene que hacer una fuerte revisión de la calidad de los expedientes técnicos que se tienen y de la supervisión y los mantenimientos que se hacen” y todo esto tiene que ser de manera conjunta, entre el sector público y el privado.
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