La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una serie de proyectos e inversiones en minería, infraestructura y energía para el último año de su gestión, mientras su popularidad navega por mínimos históricos en medio de críticas por el aumento de la inseguridad y denuncias de corrupción en su contra.
En un tradicional discurso ante el Congreso por el Día de la Independencia, Boluarte enumeró una lista de proyectos, como la evaluación para autorizar 134 proyectos de exploración y explotación minera por unos US$ 6.000 millones.
Boluarte, que habló poco más de cuatro horas, dijo que para 2026 espera el inicio de la construcción de proyectos por US$ 4.700 millones, entre ellos el de cobre Zafranal de la minera canadiense Teck y la japonesa Mitsubishi Materials; y la de hierro Pampa de Pongo de la firma china Jinzhao Mining.
La popularidad de Boluarte, que llegó al poder a fines del 2022 luego del arresto y destitución de Pedro Castillo, se ha mantenido este año entre el 2% y el 4%, según recientes encuestas difundidas en la prensa local.
Boluarte afirmó en el Congreso que su gobierno trabaja para crear "un fondo minero privado" para ayudar a mineros formales de pequeña escala que, aseguró, podrían generar más de US$ 5.000 millones en ventas anuales para fines de 2025.
A inicios de julio, el Gobierno anunció la exclusión de un esquema de formalización de más de 50.000 pequeños mineros informales, a muchos de los cuales cataloga de "ilegales", dejando solo 31.000 mineros de pequeña escala para que puedan terminar su proceso de regulación para fines del año.
Los mineros informales, la mayoría de oro, habían iniciado una protesta a fines de junio que incluyó el bloqueo de una carretera de transporte de cobre, que afectó a unidades de la china MMG y Glencore. Las manifestaciones se han detenido mientras el gremio de mineros informales lleva adelante un proceso de diálogo con el Gobierno.
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Protestas
Mientras la presidenta exponía en el Congreso, cientos de ciudadanos realizaron marchas contra el Gobierno, portando pancartas y ataúdes de cartón en alusión a decenas de muertos durante protestas sociales en el inicio de gestión de Boluarte.
"La cereza del pastel es aumentarse el sueldo y coludirse con los grupos de poder para seguir saqueando los recursos naturales del país", dijo Milagros Sánchez, una maestra pública. Los manifestantes querían llegar al Congreso, en el centro de la ciudad, pero la policía los dispersó usando bombas lacrimógenas.
El Gobierno anunció a inicios de julio que duplicó el sueldo mensual de Boluarte a un equivalente cercano a US$ 10.000, 30 veces más que el actual sueldo mínimo vital en el país, generando una ola de rechazo.
Boluarte anunció también en el Congreso que la estatal PetroPerú, que transita por una crisis financiera, recuperó participación de mercado local y empezó a exportar crudo a Brasil, Ecuador y muy pronto a Bolivia.
Asimismo, dijo que se llegó a un acuerdo con Petroecuador para la compra directa de petróleo "sin intermediarios" y la conexión de campos petroleros ecuatorianos con el oleoducto peruano hasta la refinería de Talara en el norte del país.
La mandataria también anunció que planea adjudicar el próximo año 48 proyectos de inversión publica en carreteras, energía, salud y saneamiento por "más de US$ 9.100 millones" y que dejará para el siguiente gobierno 10 proyectos por otros US$ 10.200 millones adicionales.
Perú tendrá elecciones presidenciales y legislativas en abril del 2026, en busca de acabar con años de incertidumbre política y protestas que ha llevado al país a tener hasta seis mandatarios por renuncias o destituciones desde 2018.
Boluarte, de 63 años, es investigada por la fiscalía y enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, vinculado a un caso de uso indebido de relojes de lujo Rolex.
También afronta acusaciones por la matanza de más de 50 personas tras choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en protestas sociales del 2022 y 2023. La mandataria niega todos los cargos.
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