Telefónica del Perú ha dado que hablar estos últimos días. Luego de que la compañía solicitara a fines de febrero -formalmente- el inicio de un proceso concursal, poco a poco ha ido sumando hitos. El último fue que los bonistas activaron el vencimiento anticipado de sus bonos.
Así, a pesar de que este lunes la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la devolución de más de US$ 95 millones a favor de Telefónica del Perú, los cuales fueron retenidos por una carta de fianza, un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), señaló en una Resolución de Ejecución Coactiva emitida por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) que se determinó una deuda exigible por US$ 258 millones relacionada con el Impuesto a la Renta del ejercicio 2000-2001.
Al respecto, Telefónica del Perú señaló que "el monto de la deuda exigible relacionada a la resolución de la SUNAT no supone un riesgo para la sostenibilidad financiera de la operación por el posible impacto en el flujo de caja de la empresa. Dicho monto se encuentra debidamente registrado en los estados financieros auditados del 2024".
De acuerdo con la compañía, las condiciones para el pago de esta obligación serán determinadas como parte del procedimiento concursal iniciado a fines de febrero y "de forma coordinada con todos los acreedores".
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"La empresa confía en que tanto SUNAT como los demás acreedores establecerán que la reestructuración financiera iniciada ante Indecopi es la mejor alternativa para asegurar el curso ordinario de sus operaciones y la continuidad en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como fijar las condiciones de pago de las obligaciones pendientes en línea con la generación futura de flujos de caja de Telefónica del Perú", apuntó la operadora de telecomunicaciones.
Asimismo, Telefónica detalló que esta controversia tardó más de 20 años en resolverse en instancia judicial y administrativa, y argumentó que ha pagado entre 2023 y 2024 más de US$ 437 millones.
En el hecho de importancia, la firma reafirmó que "la deuda se encuentra comprendida dentro de los pasivos registrados en los estados financieros auditados presentados junto con la solicitud, por lo que se trata de una obligación que quedará incluida en la masa concursal pasiva".
De esta manera, reafirmó su compromiso con la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, en razón de lo cual, y "en tanto no se difunda el concurso, mantendremos vigentes e iniciaremos todas las acciones legales que sean requeridas para proteger los recursos líquidos a los que tenemos acceso y que requerimos para el normal desarrollo de nuestras operaciones y para la consecuente protección del interés del conjunto de nuestros acreedores".
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