El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por lo que calificó como su "participación en corrupción significativa". Por eso, se le prohibió el ingreso al país norteamericano.
La medida también incluye a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, como también al exministro de Planificación Julio De Vido.
Minutos después de conocerse la noticia, el presidente Javier Milei se hizo eco en redes sociales. "Che Cristina... Fin", escribió el mandatario, utilizando la misma fórmula que usó ella en las últimas semanas para cuestionar al Gobierno.
El comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, acusa a los dos exfuncionarios de "abusar de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares del gobierno argentino".
La medida se enmarca en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, que habilita la prohibición de ingreso a EEUU de funcionarios extranjeros sobre los que existan pruebas creíbles de corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos.
"Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusan del poder público para beneficio personal", señaló la administración de Donald Trump. Asimismo, agregaron que la medida "reafirma nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en los niveles más altos del gobierno".
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El antecedente cercano de Vialidad
La decisión de la Casa Blanca se produce luego de que ambos exfuncionarios fueran condenados en distintos tribunales argentinos por delitos vinculados a corrupción en la obra pública.
En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó la condena a seis años de prisión e "inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos" contra Fernández en una causa conocida como 'Vialidad', en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007).
La sentencia original contra la exmandataria, dictada en diciembre de 2022, marcó la primera condena penal en su contra y generó un fuerte impacto político, aunque la dirigente peronista no ha estado detenida debido a que el fallo no es firme.
El pasado 14 de febrero presentó un recurso ante la Justicia para que se revoque su condena, mientras que la Fiscalía argentina solicitó elevar la pena a 12 años al insistir en la acusación por asociación ilícita.
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