La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exPresidenta Cristina Fernández, en el caso por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en licitaciones de obra pública en Santa Cruz.
El fallo cierra una etapa judicial y tiene un fuerte impacto político, ya que la deja fuera de la competencia electoral en la que pretendía ser candidata legisladora.
Rechazo del recurso extraordinario
La Corte desestimó el recurso de queja presentado por la defensa de Fernández de Kirchner, señalando que no cumplió con los requisitos de fundamentación autónoma exigidos por la ley. El tribunal destacó que la apelante no refutó los argumentos de las sentencias anteriores ni demostró violaciones constitucionales concretas.
Confirmación de la pena
Se mantuvo la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 y confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. La pena se basa en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Falta de imparcialidad no demostrada
La defensa alegó violación a los principios de independencia e imparcialidad judicial, pero la Corte consideró que no se presentaron pruebas concretas de parcialidad. Señaló que las acusaciones se basaban en "meras conjeturas" y no en hechos objetivos.
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Principio acusatorio y congruencia
El fallo rechazó el argumento de que se violó el principio acusatorio al incorporar hechos no planteados inicialmente. La Corte coincidió con la Cámara de Casación en que la base fáctica de la condena (las licitaciones fraudulentas) no se modificó, y que las nuevas circunstancias solo contextualizaron los hechos.
Derecho de defensa
La defensa sostuvo que se restringió su posibilidad de producir pruebas, pero la Corte destacó que no demostró cómo esto afectó su estrategia. Además, señaló que el tribunal de grado justificó las decisiones sobre la prueba admitida.
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