El 15 de enero de 2024, el Ejecutivo ingresó a trámite por la Cámara de Diputados el proyecto que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica (16.566-03), iniciativa que dio sus primeros pasos en la Comisión de Economía de dicha instancia, con una urgencia de “suma” que el Gobierno le imprimió apenas se inició la discusión.
Pese a la fuerte necesidad de terminar con la burocracia que afecta a los grandes proyectos, después de poco más de un año de debate, recién en octubre pasado, la iniciativa aterrizó en la Comisión de Economía del Senado para su segundo trámite constitucional.
Tras la última sesión de dicha instancia, antes del receso legislativo, que se realizó el 22 de enero, la tramitación quedó suspendida, a pesar de que el Gobierno había tratado de acelerarla, poniéndole discusión inmediata, debido a que se había pedido un nuevo primer informe a la comisión, de cuya elaboración la instancia dio cuenta el 21 de enero, pese a que no llegó a ninguna de las sesiones de Sala entre esa fecha y el 29 de enero.
Además, se abrió plazo para indicaciones dos veces en las últimas semanas de Congreso, previo al receso legislativo, las que recién se revisarán a partir de marzo y que llegan a 371. El proyecto de ley tiene como objetivo reducir los plazos de autorizaciones de los proyectos de inversión, al abarcar 380 permisos, pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios.
“Simplificar y estandarizar”
“La Comisión de Economía está tratando de forma profunda el proyecto de autorizaciones sectoriales; estamos hablando de casi 400 permisos, de 38 organismos, lo cual significa que es una ley compleja. Es una ley marco, que tiene un cuerpo principal donde se estructuran las ideas principales, pero después se tiene que modificar cada una de las leyes sectoriales, son 38 leyes sectoriales. De ahí su complejidad”, explica el senador Pugh, quien añade que a eso se debe también que haya tantas indicaciones, tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios.
En esta línea, el parlamentario opositor se explaya respecto a que, tanto él como sus pares de la comisión, esperan avanzar “lo más que podamos” a partir de marzo para llevar lo antes posible el proyecto a Sala; sin embargo, evita cazarse con una fecha.
Pugh explica que la fase en que se encuentra la propuesta es la llamada a “incorporar cosas nuevas”, a través de indicaciones.
Por su parte, el senador gremialista Gustavo Sanhueza hace hincapié en la “rigurosidad” con que se ha trabajado y agrega, que cuando llegó el proyecto al Senado tomaron dos decisiones: “respetar el trabajo que se había hecho en la Cámara, por lo que hemos tenido reuniones con los diputados de la misma comisión para seguir un mismo lineamiento; y, escuchar a los actores más relevantes. De esa manera ir sacando conclusiones para ir diseñando un modelo que va a tener un gran impacto a nivel país”.
El senador Sanhueza se la juega un poco más en cuanto a los plazos para que el proyecto llegue a Sala, señalando que no cree que debiera pasar más allá de abril para su aprobación de manera que la Sala lo discuta también en general y particular de una vez, como lo están haciendo en la comisión; y, si es necesario un tercer trámite, vuelva a la Cámara Baja este mismo año.
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Claudia Rivas
