Si bien ha aumentado en cada ejercicio por los últimos diez años, el presupuesto del gobierno destinado a ciencia, tecnología e innovación (CTI), el bajo ritmo de avance aún es insuficiente para demostrar un enfoque real de las políticas públicas en esta materia.
Así lo determinó un estudio realizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el cual identificó cuatro desafíos para elevar el gasto público en esa área, que en 2017 llegó a $ 644.730 millones, apenas 0,17% más que el ejericio anterior. La cifra equivale a 0,36% del PIB, muy por debajo al gasto promedio en investigación y desarrollo (I+D) en los países OCDE, que llega a 2,38%.
El primer reto planteado en el estudio apunta la necesidad de coordinación y articulación del Sistema de CTI; segundo, a la creación de una política de gobierno en la materia que conecte con las estrategias que emanan del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo(CNID).
Según el documento, la nueva política debe guiar la estructura y evolución del presupuesto en CTI “en sus distintas dimensiones en torno a los objetivos planteados y no en base a resultados poco planeados y a veces fortuitos”. Agrega que objetivos y sistemas de información transparentes “permitirán evaluar la política de CTI de manera objetiva”.
Un tercer reto es acelerar el crecimiento del presupuesto en CTI en relación al aumento del presupuesto total del sector público, ya que su variación ha sido similar desde 2011. Conforme al análisis, esto es importante para demostrar que es el gasto en CTI es una prioridad, lo cual desde una perspectiva presupuestaria no se observó en el período analizado en el estudio (2008-2017), según indica el documento.
“En el marco de la discusión pública actual, es relevante analizar mecanismos para que éste pueda aumentar de manera más que proporcional al presupuesto total del Gobierno Central en los próximos diez años, para que muestre ser una prioridad creciente en los gobiernos”, remarca.
El cuarto desafío identificado por la Dipres apunta a los incentivos tributarios para aumentar la inversión en I+D en el sector privado, ya que en su opinión aún no son masivos y, por lo tanto, “se deben buscar mecanismos para su mayor utilización” (ver nota relacionada).
Evolución en 10 años
El presupuesto en CTI alcanzó el 0,36% del PIB en 2017 y el 1,5% del presupuesto total del Gobierno Central, proporción que se ha mantenido estable desde 2011. El estudio de la Dipres arrojó que entre 2008 y 2017 el presupuesto del sector público en CTI ha aumentado todos los años, totalizando una variación de 97% real en el período, con los principales aumentos observados en 2009 (31%) y 2010 (21%) a raíz de las creación de Becas Chile y la expansión del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).
Las principales instituciones que realizan CTI con dineros públicos son Conicyt y Corfo, coordinadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, respectivamente, carteras que representaron el 80% del presupuesto público en CTI en 2017.
Al analizar por región a través del FIC Regional, se obtuvo que O’Higgins lideró la recepción de recursos en 2016 con $ 5.343 millones, seguido por Coquimbo, con $ 3.356 millones y en tercer lugar la Región de Biobío, con $ 3.153 millones.
Evaluaciónes ex post: dos de diez programas obtuvieron buen desempeño
En los últimos diez años la Dipres ha realizado diez evaluaciones ex post programas de ciencia, tecnología e innovación, de las cuales cinco se hicieron el año pasado.
¿Los resultados? Dos programas clasificados con "buen desempeño", el de Adopción y Generación de Capacidades Tecnológicas para la Innovación y el programa de Fomento a la Innovación Empresarial, ambos de Innova Chile.
Cinco programas obtuvieron un desempeño "suficiente": Becas Chile, Becas Nacionales de Postgrado, Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), de la Conicyt y la Iniciativa Científica Milenio, de Corfo. En tanto, el Programa de Inserción de Investigadores (Conicyt) y el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC Regional) fueron catalogados con un desempeño "insuficiente".
Gasto tributario en I+D mejoró con simplificación de ley, pero aún es bajo
En 2016 llegó a $ 9.552 millones, equivalente al 1,5% del presupuesto público en CTI de ese ejercicio y al 12,2% del monto que optó al beneficio.
Desde 2008 las empresas chilenas cuentan con un incentivo tributario a la investigación y desarrollo que determina que el 35% del monto invertido en actividades de I+D –certificadas por Corfo- pueden ser imputados como crédito tributario contra el Impuesto de Primera Categoría, mientras que el 65% restante podrá ser considerado como gasto necesario para producir la renta. El tope máximo anual de este crédito tributario por proyecto es de 15.000 UTM, según determinó el Ministerio de Economía.
Dicho mecanismo tuvo una importante modificación el año 2012, donde se permitió certificar proyectos intramuros y no sólo realizados con terceros. Además, se simplificaron los requisitos para acceder al beneficio y el proceso administrativo para postular y procesar iniciativas.
Y los cambios tuvieron efecto, pasando de 58 proyectos aprobados en 2013 a 102 en 2014, 112 en 2015 y 134 en 2016. Los montos certificados también crecieron exponencialmente luego de la modificación de la ley, sin embargo el documento acota que los montos efectivamente gastados para efectos de impuestos son significativamente menores.
En 2013, el monto certificado para el incentivo tributario en I+D alcanzó los $ 21.469 millones, mienttras que en 2016 se registraron $ 78.118 millones, de los cuales se estima que $ 9.552 millones correspondió a gasto tributario.
"El gasto tributario estimado equivale al 35% de los montos declarados como gasto, representando $ 4.564, $ 3.443 y $ 9.552 millones en los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Estos montos son marginales comparados con el presupuesto público de CTI, representando el 0,8%, 0,6% y 1,5% del presupuesto de CTI de cada año", subraya el documento.
El estudio de la Dipres también destaca que existe gasto tributario acumulado desde 2008, correspondiente a los proyectos que aún no declaran todo el gasto aprobado, y que potencialmente pueden realizar dicho gasto a futuro, ya que las empresas pueden obtener el beneficio gastando dentro de los diez años siguientes el proyecto inicialmente aprobado.
Y sólo para el período 2014-2016, éste representa alrededor de $ 40.000 millones según los cálculos del estudio.
El porcentaje de proyectos rechazados ha oscilado entre 6% y 19% del total de proyectos postulados a partir del 2013 debido a que las iniciativas no cumplen con los requisitos para ser considerado como investigación y desarrollo, principalmente.
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