Más de 70% de los países del mundo permite donaciones de empresas a campañas políticas La relación entre dinero y política es un tema de relevancia en gran parte de las democracias del mundo, las cuales han ido probando distintas fórmulas para evitar posibles riesgos de influencia excesiva o, llevándolo a un extremo, corrupción. Sin embargo, eliminar las donaciones de corporaciones a candidatos o partidos políticos no está dentro de estas medidas para la mayoría de las naciones del mundo. Según datos recopilados por el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 127 de 165 países analizados, que equivalen al 70,6%, no prohíben este tipo de traspasos de dinero a aspirantes a cargos públicos. Asimismo, cuando de donaciones de empresas a partidos políticos se trata, 131 naciones (72,8%) las permiten y sólo 39 (21,7%) tienen legislaciones que dicen lo contrario. Si se restringe el universo de países a los del grupo de la OCDE (que incluye también a Chile), el porcentaje que permiten dineros de empresas en campañas llega al 65%.
Más transparencia
Los datos de IDEA muestran además que 90 países (que equivalen al 50% de los consultados en este ítem) sí prohíben donaciones realizadas en forma anónima a partidos políticos, mientras 52 (28,9%) las permiten y otras 22 (12,2%) también las permiten, pero con límites específicos. En este último caso se encuentra Chile. La OCDE, en su informe "Financing Democracy" ha indicado que el dinero es un componente necesario para los procesos democráticos, pero llama a que estos flujos se muevan dentro de una regulación "adecuada y efectiva" que evite que se erosione la confianza ciudadana. La idea, indica el documento, es que las instituciones garanticen una "cancha pareja" para la competencia democrática.
América del Sur
s naciones aceptan aportes de corporaciones. Pese a ello de los principales 18 países de la región, 14 contemplan algún tipo de prohibición a las donaciones privadas de los partidos. Sólo Colombia, Panamá, Perú y Uruguay no mantienen ningún tipo de restricción. Dentro de los que sí tienen regulaciones, la mayoría (12) prohíben aportes procedentes de gobiernos, instituciones o individuos extranjeros, así como aquel financiamiento de corporaciones, asociaciones profesionales, grupos religiosos, sindicatos o cualquier persona no individual. En tanto que seis de ellos, entre los que se encuentran México, Argentina y Bolivia, rechazan las donaciones anónimas con excepción de las obtenidas con colectas.
ESCÁNDALOS INTERNACIONALES RECIENTES DE PLATAS A LA POLÍTICA
En España, varias filtraciones de documentos del Partido Popular a la prensa descubrieron que su entonces tesorero, Luis Bárcenas, efectuó una contabilidad paralela del partido durante 1990 a 2009. Los aportes irregulares, que se emplearon para diferentes partidas y sobresueldos en negro, procedían de empresas contratistas de la administración, que presuntamente se beneficiaron en las concesiones de obras públicas. La Audiencia Nacional imputó al ex tesorero, quien reconoció la autenticidad de los documentos, y a otros veinticuatro querellados más. En Francia, El Elíseo también se vio salpicado durante la campaña presidencial de 2012. Nicolás Sarkozy, en su momento presidente de la República, fue señalado por un presunto desvío de fondos originado en el gabinete de comunicaciones Bygmalion, afectando a la Unión por un Movimiento Popular (UPM) en 2014, lo que a su vez derivó en acusaciones de financiación irregular de la campaña. La justicia francesa buscó determinar si la UMP inició un sistema en el que Bygmalion emitía facturas falsas que permitiesen que la campaña no sobrepasara el máximo legal de 21,5 millones de euros para la segunda vuelta. La investigación, aún en curso, se ha saldado de momento con la detención de tres militantes. Por su parte, en Brasil el ex director de la empresa estatal Petrobras, Paulo Roberto Costa, fue condenado por integrar una red de corrupción entre 2003 a 2011 a través de la cual se financió a tres grandes partidos, entre ellos, el de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff.
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