Este jueves el Gobierno argentino decidió no esperar más y apleó ante la justicia de Estados Unidos el fallo dictado el 30 de junio que obliga al país entregar el 51% de sus acciones en la petrolera YPF a los fondos Burford Capital y Eton Capital.
Según el documento oficial, los abogados del estudio Sullivan & Cromwell LLP -que representa al país en el caso-, presentaron el recurso ante el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito, con sede en Nueva York.
Y es que esta decisión se tomó sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de 'stay', solicitud realizada días atrás por el equipo legal del país trasandino con el fin de suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso.
Sin embargo, horas más tarde, Preska convocó al país y a las partes a una reunión para destrabar la disputa por la entrega de información sobre la petrolera. La cita fue programada para el próximo martes 15 de julio, a las diez de la mañana (hora local de Nueva York).
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El dictamen
A fines de junio, la jueza del distrito estadounidense, Loretta Preska, ordenó a Argentina transferir sus acciones de YPF en un plazo de 14 días para cumplir parcialmente una sentencia judicial por la que el Estado argentino fue condenado a pagar más de US$ 16.000 millones tras la nacionalización de la compañía en 2012.
El país mantiene el control de la petrolera desde ese año gracias a que posee la participación mayoritaria, lo que condiciona ciertas decisiones empresariales como la aprobación de medidas o la elección del consejo de administración.
En 2023, inversionistas como Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, -representados por la firma de financiamiento de litigios Burford Capital-, iniciaron la demanda contra el mercado sudamericano y en septiembre de ese mismo año, Preska falló a favor de ellos con la sentencia monetaria.
Desde esa fecha, el país ha estado apelando esa decisión de la jueza estadounidense. De acuerdo con el presidente de Argentina, Javier Milei, el gobierno presentará recursos ante la medida en todas las instancias necesarias "para defender los intereses nacionales".
A su vez y como parte de la estrategia general, el Estado le pedirá ayuda al Gobierno de EEUU para que opine en el caso. Lo anterior, tal como ocurrió el año pasado con Joe Biden como Presidente.
Según algunas fuentes, la Casa Rosada no estaría dispuesta a negociar, pues prefieren que el conflicto sea resuelto de manera 100% judicial en el estrado con Preska. Declaraciones del ejecutivo han señalado que hay "mucha especulación por una negociación porque hay muchos que se pueden llevar una gran tajada especulando. En esto están confluyendo poderes políticos, corporativos y del petróleo".
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