En plena expansión de la conectividad y la digitalización, América Latina enfrenta un fenómeno que va al alza: la piratería digital. De acuerdo con los últimos datos de Origin Insights -agencia española dedicada a la investigación de mercados-, durante 2024 el 38% de los hogares con Internet fijo en la región accedió a contenido pirateado durante el segundo trimestre de este año. Esto equivale a más de 40 millones de hogares.
La cifra representa un alza de 3 puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2023, aun cuando el peak se registró entre abril y junio del año pasado, cuando el consumo de contenido ilegal alcanzó el 41% de los hogares conectados.
Bajo ese contexto, el fiscal argentino Federico Villalba, uno de los mayores expertos regionales en propiedad intelectual y delitos digitales, señaló en entrevista exclusiva con DFSUD que el aumento del consumo responde a varios factores. Uno de ellos fue la pandemia, que impulsó la búsqueda de alternativas más baratas para acceder a entretenimiento digital “de forma más fácil y a un precio más accesible, como pueden ser plataformas como Netflix o Spotify”, según datos recopilados también por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual.
“Se dio la necesidad de acceder a contenidos en el mundo virtual y de hacerlo gratuitamente, porque mucha gente estuvo sin sustento para pagarlos, lo que hizo que las organizaciones clandestinas pudiesen ofrecer contenidos en forma ilegal. Ese mix generó el escenario y las condiciones para que la piratería se masificara por distintas vías”, señaló Villalba.
Según Origin Insights, las formas para acceder a contenido pirata se han multiplicado. Si bien los sitios web ilegales concentran cerca del 73% del consumo, le siguen las aplicaciones y complementos no autorizados -con un 39%- y los servicios IPTV, con un 16%.
De acuerdo con la definición de la Organización Internacional de Policía Criminal (ICPO-Interpol), la piratería digital consiste en la copia o distribución ilegal a través de Internet de material sujeto a derechos de autor, lo que impacta directamente a industrias como el cine, la televisión, la edición, la música y los juegos.
Para Villalba, este fenómeno ha cambiado radicalmente en el tiempo. “El pirata de hace 15 o 30 años era analógico y debía invertir grandes sumas de dinero para armar su negocio. Ahora, puede hacerlo prácticamente sin inversión, pues la reproducción de contenido en formato digital es muy fácil y económica”.
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¿Cómo está la región?
Ecuador encabezó la lista de países donde más hogares acceden a contenido pirata, con un 65%. Le siguieron Colombia (58%), Uruguay (53%), Perú (49%), Argentina (47%), Chile (45%), México (34%) y Brasil (31%).
En este último caso, sin embargo, el fiscal destacó que Brasil ha sido uno de los países más exitosos en el combate de estos delitos, seguido de cerca por Argentina. Recordó que el año pasado se llevó a cabo la operación 404, donde se dictaron “30 órdenes de registro, se bloquearon 675 sitios web y 14 aplicaciones al mismo momento”.
“Se montó un centro de operaciones en Brasil donde se coordinaron todas esas medidas. Esto fue muy eficaz, porque se logró desbaratar y encontrar como responsables a personas físicas, las cuales ya han tenido condenas de cárcel”, añadió.
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Impacto económico y desafíos
Se estima que la industria audiovisual y de contenidos pierde anualmente más de US$ 521 millones en América Latina por la distribución ilegal, considerando los hogares que evitan suscripciones pagadas y acceden a contenidos por vías informales.
Según Villalba, la piratería no solo afecta a los titulares de los contenidos, sino también al Estado que deja de percibir impuestos asociados a la actividad. A ello se suma la degradación en la calidad del servicio y nuevos riesgos como “la introducción de virus informáticos que pueden provocar daños o robar identidades”.
Ante este escenario, el fiscal enfatizó que uno de los principales desafíos para enfrentar el fenómeno, además de fortalecer el trabajo conjunto entre sector público y privado, es educar a la población.
A su juicio, la región carece de una cultura social que rechace firmemente la piratería, por lo que se debe impulsar educación tanto para los niños como para las instituciones. Además, propuso crear una liga de fiscales antipiratería en toda América Latina “para que se pueda verdaderamente tomar el problema por las astas, en forma conjunta y global”.
“Los resultados individuales son paliativos, sirven para mostrar un éxito puntual. El problema solo podrá enfrentarse cuando se aborde de manera conjunta y global”, sostuvo.
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Algunas medidas
Dado el crecimiento de este fenómeno, en Chile 12 empresas, gremios y asociaciones del sector firmaron recientemente el primer acuerdo contra la piratería en el país.
La iniciativa busca hacer frente común al aumento de las plataformas de TV ilegal, los servicios IPTV pirata y las aplicaciones de streaming no autorizadas que operan en el mercado local.
Entre los firmantes de este acuerdo, impulsado por Claro Chile y el Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones de América Latina (Certal), se cuentan Chile Telcos, la Cámara de Infraestructura Digital (Idicam), ACTI, Arcatel, Archi, Warner Bros Discovery, DirecTV, TV Cables Chile y Cappsa.
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