El esfuerzo de Venezuela por atraer inversores a sus yacimientos de oro, hierro y bauxita cuenta con el respaldo de Washington pero enfrenta grandes desafíos, como grupos armados con intereses en la caótica y en gran medida ilegal industria que se ha desarrollado en los últimos 20 años, según nueve mineros, residentes y activistas comunitarios que hablaron con Reuters.
Fuentes en el estado suroriental de Bolívar dijeron ser escépticas sobre la capacidad de las empresas internacionales para invertir de manera significativa a menos que haya mejoras importantes en la seguridad.
En la zona operan delincuentes locales junto con los rebeldes colombianos y las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, que han sido acusadas de confabularse con los criminales para apuntalar las operaciones ilegales de extracción de oro.
"El sistema (criminal) o los sindicatos, como también se les llama, tienen el control de las minas. Son los que ponen las normas y aplican la ley en muchas de las minas en las que trabajamos. Dependiendo de la situación, imponen castigos y pueden ser muy violentos", dijo Inés García, una minera informal de 51 años del municipio de El Callao.
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El gobierno de Donald Trump ha respaldado las iniciativas de la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para atraer inversores desde que asumió el poder en enero, incluida una ley minera aprobada en abril por la Asamblea Nacional que permite a empresas o consorcios extranjeros y privados extraer oro y minerales estratégicos.
La economía venezolana, dependiente del petróleo, lleva años sufriendo los estragos de la hiperinflación, la fuga de cerebros, las sanciones internacionales, el deterioro de la infraestructura y la profunda corrupción.
Necesita urgentemente ingresos para financiar las promesas de Rodríguez de mejorar los servicios públicos y los salarios. Las inversiones mineras ofrecerían otra fuente de impuestos, regalías y empleo.
Estados Unidos ya ha emitido una licencia que autoriza ciertas transacciones con oro de origen venezolano, incluyendo una con la minera estatal Minerven.
"Ustedes tienen garantías, seguridad jurídica, seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse plenamente", declaró Delcy Rodríguez a inversionistas mineros en marzo.
El gobierno no ha proporcionado detalles sobre sus planes de seguridad para Bolívar.
Gold Reserve, que había manifestado su intención de reanudar la actividad minera en Venezuela, obtuvo posteriormente una licencia estadounidense que le otorgaba 30 días para negociar con el gobierno. La empresa no respondió a las preguntas de Reuters sobre si buscaba la devolución de su mina Brisas, confiscada por el gobierno en 2009.
La comercializadora suiza de materias primas Trafigura ya está colaborando con la minera estatal venezolana Minerven en un programa de abastecimiento responsable anunciado en marzo, y afirmó que dicho programa cumple con la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las mineras Hartree, Peabody Energy, Ivanhoe y TechMet no respondieron a las preguntas de Reuters.
Si bien muchas mineras internacionales tienen amplia experiencia lidiando con problemas de seguridad, para las personas que viven y trabajan en el llamado Arco Minero del Orinoco, el interés corporativo se siente como poner la carreta delante de los caballos.
"Para que una inversión real ocurra es obligatorio resolver la transparencia de las cadenas de suministro, la seguridad, porque esta es una zona caliente con presencia de grupos armados y la vigilancia del impacto socioambiental de las operaciones", dijo un ingeniero que trabajó para Minerven por una década y que pidió permanecer en el anonimato por temor.
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Según las fuentes, en Bolívar operan rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, y exmiembros de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como organizaciones criminales locales como el Tren de Guayana y 3R, y grupos no identificados dirigidos por líderes de pandillas conocidos con los alias "Juancho" y "Fabio".
Pedro Yepez, un minero de 61 años con décadas de experiencia en los municipios de El Callao y Sifontes, dijo que los delincuentes llevan años suministrando maquinaria, combustible y armas a la región, además de extraer oro. "No hay forma de que lo hagan sin la complicidad y permiso del gobierno", añadió.
Un activista comunitario que lleva décadas denunciando violaciones de derechos humanos en la zona y que pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, afirmó que grupos armados controlan las minas y operan en complicidad con el gobierno.
Otros residentes y líderes comunitarios se hicieron eco de sus preocupaciones, y varios de ellos declararon a Reuters que los delincuentes extorsionan habitualmente a las empresas mientras el gobierno mira para otro lado.
El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que gestiona todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió a preguntas detalladas sobre las acusaciones de complicidad de los militares, los planes de seguridad para la región o los contactos con posibles inversionistas.
La "Operación Roraima" del ejército, destinada a combatir la minería ilegal en Bolívar, comenzó en 2023 y ha continuado, con los altos mandos celebrando públicamente la destrucción de campamentos y equipos mineros ilegales, e incluso publicando en las redes sociales fotos de explosiones controladas.
El Departamento del Interior de Estados Unidos no respondió a las preguntas detalladas sobre las preocupaciones de seguridad en la región.
Tanto las fuerzas armadas como los grupos armados ilegales han sido acusados de participar en asesinatos y desapariciones, según un informe de 2022 de una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que también expresó su preocupación por la explotación laboral, el trabajo infantil, la trata de personas y la destrucción del medio ambiente.
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Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado en 2021, se ha registrado un aumento sostenido en los flujos de oro procedentes de Venezuela desde que Nicolás Maduro creó el Arco Minero en 2016, impulsado principalmente por la minería informal e ilegal.
El informe también destacó las violaciones de los derechos humanos, la destrucción del medio ambiente y la colusión militar con grupos armados vinculados a la industria.
La nueva ley minera proporcionaría "un barniz de legalidad" al "grave deterioro ambiental y la violación de los derechos humanos que se esta produciendo", afirmaron 16 grupos no gubernamentales locales en una carta abierta publicada en marzo.
"La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas", agregaba la carta en una clara muestra de preocupación.
Aun si las mineras extranjeras lograran establecerse en Bolívar, algunos activistas y residentes afirman que les preocupa el impacto en las comunidades y lo que su presencia significaría para el sustento de los mineros artesanales e informales, incluidos los grupos indígenas de la región.
"Hay que ver el término beneficio entre comillas: ¿a quién beneficia? Porque el mismo Estado que negocia, que busca inversiones, se olvida de todos los problemas que hay", dijo el activista Italo Pizarro, quien afirmó que las comunidades indígenas podrían enfrentar riesgos particulares.
Un geólogo de Bolívar con más de 40 años de experiencia en el sector afirmó que uno de los grandes desafíos para el sector será expulsar a las decenas de miles de mineros informales que trabajan en la región, así como a los delincuentes que viven de la extorsión: "Esto no será sencillo".
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