Romper la inercia con la vista en el futuro
Por Mario Marcel, exministro de Hacienda
La inercia pesa sobre los países. Sus estructuras y relaciones se acomodan en el tiempo y todo cambio genera fricciones. Sin embargo, en la capacidad de transformarse está la clave del desarrollo: aprovechar nuevas oportunidades y dejar atrás lo obsoleto. Los países no se desarrollan volviendo a un pasado glorioso, sino combinando sus fortalezas con las ventajas que abren los cambios a su alrededor. El desafío de Chile es romper esa inercia, abandonar prácticas que lastran su desarrollo y renovar sus fortalezas frente a un mundo en transformación histórica.
Chile no recuperará altas tasas de crecimiento reviviendo las condiciones de los ‘80 y los ‘90. Entonces se benefició de explotaciones con mineral de alta ley, un potente bono demográfico y una globalización en expansión. Estos factores aportaron cerca de un punto y medio al crecimiento anual durante casi 20 años. Ninguno está presente hoy: las inversiones mineras apenas recuperan productividad perdida, la dependencia demográfica aumenta y la globalización retrocede entre disputas comerciales. Ni las rebajas de impuestos ni la desregulación cambiarán este escenario.
Pero, en el camino, Chile acumuló fortalezas: una fuerza de trabajo más educada, nuevas instituciones, menor pobreza, mejor infraestructura física y digital, un mercado de capitales más profundo y sofisticado y relaciones de confianza con gran parte del mundo. Desarrolló un marco macroeconómico eficaz frente a turbulencias externas y reconoció el valor de su sol, sus cielos, sus vientos y su capital natural. Sobre estas bases crecieron las energías renovables, la infraestructura digital, el litio, el turismo y la industria fintec, mientras sigue latente la promesa del hidrógeno verde.
“Chile podría acelerar su crecimiento y hacerlo más inclusivo en la medida que podamos cerrar la brecha en participación laboral de las mujeres, desplegar el potencial productivo de las regiones y permitir el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas”.
Teniendo claras nuestras fortalezas y que no nos faltan oportunidades, la pregunta de cómo romper la inercia adquiere un mayor significado. Para esto, creo que debemos centrar la atención en tres procesos capaces de retroalimentarse entre sí.
Primero, tenemos que ser capaces de aprovechar nuestros recursos aún latentes, inhibidos por tradiciones y barreras culturales o políticas. Chile podría acelerar su crecimiento y hacerlo más inclusivo en la medida que podamos cerrar la brecha en participación laboral de las mujeres, desplegar el potencial productivo de las regiones y permitir el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. En cada una de estas áreas enfrentamos barreras que la política pública puede contribuir a derribar. Después de más de una década de discusiones estamos muy cerca de poder contar con un sistema de acceso universal a sala cuna que no discrimine en contra de las mujeres. Contamos ahora con Gobiernos Regionales con un mandato de promover el desarrollo económico y social, pero nos falta entregarles los recursos, la flexibilidad y la responsabilidad para asumir a plenitud esa tarea. Después de décadas de retórica y políticas protectoras hacia las PYME, se hace evidente que, en lugar de tratarlas como menores de edad, las políticas públicas deberían permitirles desarrollar su capacidad para emprender, innovar, crecer y desafiar a las grandes empresas incumbentes.
Segundo, debemos acelerar los procesos de cambio movilizando todos los recursos a nuestra disposición. Para ello se requiere combinar aportes privados y públicos, gestionar riesgos, racionalizar controles, aprovechar sinergias y desarrollar cadenas de valor. Todo esto implica vencer a un enemigo interno poderoso: la desconfianza. En los últimos años hemos identificado, criticado y desafiado la complejidad de los procesos para obtener permisos de inversión, pero nos ha faltado reconocer que la “permisología” no es un mero producto de un Estado ineficiente o autoridades ideologizadas, sino que expresa una desconfianza cuyas manifestaciones se extienden más allá de las inversiones. Esta desconfianza se traduce en altos costos de transacción, entre actores públicos y privados y al interior de cada uno de ellos. Resolver este problema con más controles arriesga profundizarlo; la desconfianza se combate con experiencias vivenciales reiteradas que permiten anticipar como otros se van a comportar. Estas experiencias se pueden integrar a la política pública con controles basados en riesgo, espacios protegidos para la experimentación, desarrollo de cadenas de proveedores y clientes, y mecanismos institucionales de mediación y arbitraje, entre otros.
Tercero, necesitamos un diálogo social y económico efectivo, con sentido pragmático, reconociendo la diversidad de Chile. Los últimos años han estado dominados por dos tendencias disfuncionales en esta materia. Primero, la confrontación política exacerbada, donde un sector trata de imponer su agenda y sus valores sobre el resto. El fallido proceso constitucional, en dos etapas igualmente malogradas por una lógica programática, es un buen ejemplo de ello, pero también lo es una lógica de gobierno que niega y demoniza al precedente, que promete una nueva fundación y le pide a la ciudadanía paciencia y sacrificio por el tiempo suficiente para probar sus ideas. Una segunda tendencia, no menos dañina, es la idea de que la confrontación política se puede resolver mediante acuerdos técnicos entre pares, sean estos médicos, entre abogados o entre economistas. Para construir una agenda de desarrollo compartida es imprescindible dialogar y buscar acuerdos entre quienes son distintos. Es impresionante descubrir los acuerdos que se pueden lograr cuando ese diálogo efectivamente ocurre.
Romper la inercia no es fácil para países que vienen de una historia exitosa, con gobiernos con mandatos cortos y en entornos que cambian radicalmente. Pero como he intentado ilustrar, la experiencia reciente de Chile contiene muchos ejemplos de qué se puede y qué no se debe hacer. No tenemos que buscar muy lejos para encontrar las claves para romper la inercia; una cuota adecuada de pragmatismo, generosidad y compromiso pueden hacer el resto.
¿Será posible un nuevo despegue?
Por Juan Andrés Fontaine, exministro de Economía
Hace 40 años la economía chilena despegó. Las condiciones de entonces no podían ser peores: cuando aún no nos recuperábamos de la gran recesión de 1982-83, un nuevo deterioro de las condiciones externas parecía hacer inevitable otro “ajuste recesivo” para enderezar las cuentas macroeconómicas. Las expectativas de los expertos, los empresarios y de la calle estaban por los suelos. Pese al pesimismo reinante, ya hacia fines de 1985 comenzaron a apreciarse los primeros “brotes verdes” de la reactivación venidera y en 1986 emprendimos ese vuelo que -a una velocidad de casi 4% anual- triplicaría nuestro ingreso real per cápita en los siguientes 30 años. De ello trata El Gran Impulso, libro que acabo de publicar, editado por Faro UDD.
Como es sabido, el despegue se interrumpió 12 años atrás. En el presente año, pese a los favorables precios del cobre, es probable que el PIB per cápita termine decreciendo. El desempeño de nuestra economía ha sido lastrado por las equivocadas políticas de años anteriores, el alza internacional del petróleo, una abrupta caída de la producción minera y muy severos fenómenos climáticos. Así como en 1985, los ánimos de empresarios y consumidores se han derrumbado. ¿Será acaso la oscuridad reinante indicio de que se acerca el amanecer? Así piensa el ministro de Hacienda, quien dice que hay buenas razones para ser optimistas. Y puede tener razón.
“El programa que aplica el gobierno, más allá de obvias diferencias en las circunstancias políticas y económicas, guarda semejanzas con el que diera lugar al gran impulso de 40 años atrás. Trasunta confianza en la capacidad de la iniciativa privada para para emprender, innovar y producir bienestar”.
El programa que aplica el gobierno, más allá de obvias diferencias en las circunstancias políticas y económicas, guarda ciertas semejanzas con el que diera lugar a ese gran impulso de 40 años atrás. Trasunta confianza en la capacidad de la iniciativa privada para para emprender, innovar y producir bienestar. Se propone ampliar la libertad económica, mejorar los incentivos para invertir y crear empleos. Destaca la “dignificación” de los valores que ello exige, importante dimensión cultural, tal vez antes no suficientemente subrayada. Como entonces, el plan supone un fuerte sacrificio inicial para crear las condiciones del despegue. Es explicable que dicho esfuerzo cause molestias en la población e impaciencia en los políticos. Pero es necesario para luego cosechar.
El nuevo impulso ha de ser protagonizado por la inversión. En la segunda mitad de los ‘80 la reforma tributaria rebajó el impuesto sobre las utilidades retenidas de las empresas -principal fuente del ahorro en Chile- desde más de 50% a 10%, lo cual provocó el despegue de la inversión productiva, nacional y extranjera. Ahora esa tributación bajará desde 27% a 23%. Con ello alcanzará una tasa similar al promedio de los miembros de la OCDE, pero por encima de los países últimamente más exitosos, tales como Irlanda (con 12,5%), Polonia (19%) y Suecia (21%). Por ahora, la situación fiscal no ha permitido hacer más.
A diferencia de lo que ocurría 40 años atrás, ahora nuestras empresas están listas para reencender un boom de inversiones, son solventes, poseen amplio acceso a fuentes de financiamiento y cuentan con valiosísimas oportunidades de inversión en minería, energía e infraestructura. El respectivo catastro da cuenta de casi US$ 100 mil millones de proyectos en carpeta. Su materialización exigirá podar la tupida maraña burocrática que hoy rodea los permisos ambientales y sectoriales. En ello el gobierno ha conseguido importantes avances en materia legal, administrativa y de gestión. Pero la tarea por delante es ardua, es urgente y demanda gran pericia por parte de los ministerios involucrados.
Naturalmente, esas inversiones tomarán tiempo en expandir la capacidad productiva, pero su construcción hará sentir pronto sus efectos multiplicadores sobre la actividad económica. Un rubro que -tras un prolongado letargo- puede reaccionar rápido es la edificación de viviendas, la cual está siendo objeto de toda una batería de estímulos tributarios y regulatorios.
El financiamiento de la campaña de inversiones requerirá un fuerte esfuerzo de ahorro interno, cuya piedra angular ha de ser, como en los ‘80, la austeridad fiscal. Se han efectuado importantes avances en esa materia durante de este año. En los siguientes habrá que perseverar para así consolidar la credibilidad de nuestras finanzas públicas. En momentos en que los mercados hacen empinarse el costo real de la deuda pública de países tan seguros como Estados Unidos y Francia incluso por sobre los de la nuestra, nadie puede poner en duda la pertinencia de ese empeño.
El gobierno ha puesto la mira en dos mercados clave, cuyo funcionamiento actual es defectuoso. Su reforma del mercado de capitales (MK4) contiene importantes iniciativas tributarias y normativas que persiguen facilitar el acceso de los emprendedores al financiamiento crediticio y accionario. Se ha levantado en Chile una auspiciosa ola de emprendimiento e innovación, pero hay que afinar las actuales regulaciones del mercado de capitales para que esas iniciativas amplíen su escala de operaciones y su impacto positivo sobre el empleo. En lo laboral, desgraciadamente la rebaja de jornadas y el alza de las cotizaciones previsionales seguirán elevando los costos de las contrataciones en los próximos años y desalentando el empleo asalariado, que ha descendido en más de 2% en los últimos 12 meses. Entre 1985 y 1989 hubo especial cuidado en contener los costos laborales, lo que permitió crear 200 mil empleos por año. Abordar las iniciativas de flexibilización de la legislación laboral que promueve el gobierno es hoy imperativo.
¿Qué puede abortar o demorar la anhelada reactivación? Como siempre, somos muy dependientes del clima económico global. Aunque hoy reinan tiempos soleados, hay nubarrones en el horizonte. Sigue la Guerra del Golfo, los intereses reales se han disparado, la bonanza del cobre puede aflojar si el auge de la IA pierde fuerza. Por otra parte, en el plano interno, el mayor riesgo proviene del clima político, la rencilla y la obstaculización legislativa. Que Chile vuelva sostenidamente a crecer al 3,5%-4% anual y el desempleo caiga al 6%-7% es perfectamente posible, pero exigirá el concurso de todos.
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Isabel Ramos
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