Con la llegada de la pandemia dos años atrás, comenzamos rápidamente a hablar de un cambio en nuestros hábitos y en la manera de relacionarnos con la tecnología, y a nivel productivo empezamos a incorporar conceptos como la aceleración de los procesos de transformación digital.
En el sector público, coincidentemente, la Ley de Transformación Digital del Estado se promulgó a fines de 2019, e inició su implementación durante la pandemia. Esta Ley implica la modernización de los procedimientos administrativos de todos los órganos de la administración del Estado, proceso que debiera culminar en su totalidad en noviembre de 2024.
Esta iniciativa lograría su objetivo comprometiendo a los órganos de la administración del Estado, entre otras exigencias, a disponer y utilizar adecuadamente plataformas electrónicas para efectos de llevar expedientes electrónicos, los que deberán cumplir con estándares de seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad.
Sin embargo, dicho proceso de implementación de la ley involucra el manejo y especialización de profesionales en tecnologías y áreas que han tomado mayor relevancia durante el último tiempo, destacando: ciberseguridad, servicios de nube, analítica de datos, procesos de automatización, inteligencia artificial y desarrollo de software, entre otras.
Entendiendo esto, es relevante analizar si efectivamente el sector público cuenta con los profesionales necesarios para concretar la implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado, y de los que se requerirá también para trabajar en él, tras dicho proceso.
En línea con ello, cabe señalar que en Chile existe una brecha digital importante, considerando que las personas no cuentan con las facilidades para estudiar y especializarse en tecnología. Según el estudio Talento-Competitividad STEM en América Latina de Technology by PageGroup de Michael Page, el 31% de las vacantes de empleo TI en Chile no pueden ser cubiertas por falta de profesionales, mientras en Latinoamérica alcanza el 48%.
De esta forma, es importante entender que el déficit de profesionales TI presente en el sector privado es una situación que también impacta en el sector público en un escenario de escasez de profesionales especializados. A esta situación se suma la implementación de la ley, la cual se debe lograr en tiempo récord, en menos de dos años, sin la certeza de que esto se concrete a tiempo y con el apoyo de los profesionales indicados.
Desde el sector privado se han llevado a cabo iniciativas enfocadas en capacitación en nuevas tecnologías y la formación de nuevos expertos en TI, uno de estos ejemplos es ONE (Oracle Next Education).
Si bien este tipo de proyectos permiten la formación de nuevos perfiles de expertos en un plazo determinado, el sector público debe estar igual de comprometido en capacitar a sus equipos. El proceso debe avanzar con urgencia y en paralelo a la implementación de la ley, de lo contrario, se corre el riesgo de no cumplir con los plazos establecidos, retrasando la promesa de mejorar
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