El debate del Estatuto Constitucional del Agua en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico comienza a encender las alarmas en algunos sectores. Si bien hay consenso en temas de institucionalidad hídrica, hay otros que preocupan, como la extinción de la propiedad, la derogación del Código de Aguas y los derechos de aprovechamiento.
Carlos Ciappa, socio de ICC Abogados, y Matías Desmadryl, de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, integrantes de “Juntos x el Agua” -grupo de expertos que elaboró propuestas en temas de agua para la nueva Constitución-, señalan que la discusión que se está generando en torno al tema tiene aspectos negativos y positivos.
En lo negativo, la principal preocupación a partir del trabajo de la Comisión de Medio Ambiente es la derogación al Código de Aguas. “La visión que ha imperado en la Convención es de destruir más que construir, donde un sector está por derogar y reinventar todo y otro, que plantea fijar ciertos principios, lo que no significa reinventar”, advierte Desmadryl.
Principalmente alertan de dos artículos aprobados en general por la Comisión en febrero pasado (boletín 390-5) , el artículo transitorio 1° que consigna:“Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas 1981” y el artículo transitorio 3° que establece que “pierde toda validez y eficacia jurídica el Código de Aguas en todo lo que sea aplicable sobre las normas que las disposiciones permanentes y transitorias de la Constitución han aprobado”.
Para Desmadryl, partir desde cero en el Código de Aguas no es la solución y alude a la reforma de 1981 que no partió de cero, sino de leyes del “67, 51 y más antiguas. Empezar desde cero, en una ley que es compleja, sería ir en contra de las personas que están esperando tener ese problema de agua potable solucionado lo antes posible”.
Además, recientemente tras 11 años de tramitación, se aprobó una nueva reforma al Código de Aguas, la que está ad portas de ser promulgada por las nuevas autoridades, lo que incluso, podría ser hoy, en el marco del Día Mundial del Agua.
Por el momento, reforma y Estatuto Constitucional del Agua van por carriles diferentes y hasta ahora, explica Ciappa, “no ha habido algún artículo que esté siendo considerado en la Convención, que permita ligarse con la reforma del Código de Aguas. Al revés, uno ve que se está aprobando una visión donde hay poco espacio para el uso del agua como lo hacemos hoy día”.
Desmadryl pone sus esperanzas al Pleno y afirma que así como este ha rechazado otras normas, “esperamos que tome conciencia, porque la derogación significaría retroceder y no avanzar”, sostiene.
Institucionalidad
En lo positivo del debate en la Convención, los abogados destacan la propuesta de una Autoridad Nacional de Aguas, que es “el órgano autónomo, con patrimonio propio, encargado de la protección y restauración de todos los ecosistemas asociados al agua en Chile y de asegurar el derecho humano al agua y saneamiento”.
Desmadryl señala que el tema de la institucionalidad es lo que más le llama la atención positivamente. “En el tipo de organismo, que es una agencia, hay total consenso. Si se aprueba en el Pleno, sería un gran progreso”, dice.
Sin embargo, Ciappa precisa que es necesario que la Constitución determine cuáles son las características de esta institucionalidad, con una salvedad: dejando un espacio para una regulación legal, como una Ley Orgánica.
“Siendo un organismo nuevo, vale la pena tener un espacio para reformular algunos aspectos que pudiesen no funcionar bien en la práctica”, plantea Ciappa.
Derechos de agua
“Juntos x el agua” ha propuesto una serie de iniciativas, entre ellas, una institucionalidad hídrica autónoma, en la misma línea que la que se debate en la Convención.
“La mejor solución es una agencia autónoma, con patrimonio propio, que le dé a la gestión del agua una estabilidad más allá del gobierno de turno, pero que también pueda atender los énfasis que ese gobierno quiera dar”, sostiene Ciappa.
Otro de sus planteamientos tiene que ver con el Derecho de Propiedad del Agua. En este punto, Desmadryl explica que quien tenga un derecho a usar agua, se le debe asegurar la propiedad sobre ese derecho. “Ese uso está asociado a una inversión y a una responsabilidad, y si tú quitas la propiedad de alguna manera, se produce un abandono de la infraestructura”, afirma.
En lo que concierne al mercado de transacción sobre estos derechos, los abogados concuerdan en que la Constitución no debiese limitar su compra y venta.
“El permiso que exista debe poder ser transferido libremente por las personas, con algunas regulaciones para que esas transferencias no produzcan efectos nocivos en el sistema. Limitar esto provocaría efectos súper complejos de manejar en la gestión del agua”, sostiene Ciappa.
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