En la mañana de este viernes, el Presidente Gabriel Boric firmó el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el primer tratado regional vinculante, que busca elevar los estándares ambientales y de participación en la región.
Diversos actores -científicos, abogados y expertos- relacionados con el mundo ambiental, valoraron la adhesión del país al tratado y destacaron que permitirá afianzar la justicia ambiental, dotará de legitimidad social a la inversión y llena un vacío al incorporar la protección de los derechos de los defensores medioambientales.
El pacto, que se firmó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, fue impulsado por los Gobiernos de Michelle Bachelet, el de Costa Rica y la Comisión Económica para América Latina, Cepal. En 2020, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, rehusó firmarlo, argumentando que introduce una serie de principios no definidos que condicionan la legislación ambiental chilena; que al ser un tratado vinculante autoejecutable, estaría por sobre la legislación chilena; y que expondría al país a controversias internacionales por la aplicación de sus normas.
Una de las primeras reacciones tras la firma en el Palacio de La Moneda, fue la del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar, quien señaló que concreta una promesa que hizo el Presidente Boric. "La generación de un nuevo modelo de desarrollo que sea inclusivo, sustentable, y respetuoso de los derechos humanos, requiere acciones que conversen con los distintos conocimientos. Este tratado refleja el trabajo de mucho tiempo, de muchas áreas científicas, desde protección de la naturaleza hasta las ciencias sociales, que permite una integración de saberes que van a favorecer un mundo más sostenible, amigable y respetuoso de la vida, la biósfera y las comunidades", dijo Salazar.
El Jefe del área de Medio Ambiente de Elías Abogados, Jorge Cash, señaló que el acuerdo puede analizarse desde diversos ámbitos. "En lo político, se mejoran significativamente los estándares democráticos en materia ambiental. En el plano institucional, la Convención debe tomar nota de las normas que se incorporan a nuestro ordenamiento interno a efectos de armonizarlas con sus propuestas. Por último, desde lo económico, será posible dotar de mayor legitimidad social a la inversión, lo que debiese redundar en mayores niveles de certeza para la empresa", afirmó Cash.
Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental U. de Chile, destacó que el pacto responde a un vacío que había respecto a la protección de los defensores ambientales. "En el caso de Chile, que está más avanzado en esos ámbitos, dada la dictación de la Ley N°19.300 en el año 1994, el aporte principal es, por una parte, la defensa o la necesaria protección de los defensores ambientales, que es un tema con el que estamos al debe, y también el fortalecimiento de estos estándares de participación, información y acceso a la justicia en materia ambiental. Entonces es una oportunidad para profundizar nuestro actual marco normativo hacia estándares más altos", dijo Moraga.
Por otro lado, el director de Conservación de WWF Chile, Rodrigo Catalán, dijo que Escazú permite afianzar la justicia ambiental en Chile, al "proteger a los líderes y defensores ambientales, reconociendo y fortaleciendo su importante labor, además de reforzar el rol del Estado como garante y protector de los derechos de las personas y comunidades".
El tratado
De los 33 países de América Latina y El Caribe, 24 firmaron el acuerdo y 12 ya lo ratificaron. Estos últimos son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Los ocho países que no han suscrito Escazú son Chile, Bahamas, Barbados, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam y Venezuela.
El Acuerdo de Escazú es el único tratado vinculante emanado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Con él se busca garantizar la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, señala su sitio web.
DF contactó a Sofofa, a la Corporación de La Madera (Corma) y a la Asociación de Industriales de la Minería (Aprimin), que declinaron hacer comentarios por el momento. Tanto la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) como el Consejo Minero, se excusaron por razones de tiempo.
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