La próxima semana es una fecha clave para el Tratado de Escazú. El 22 de abril en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago, se llevará a cabo la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental.
Se trata del primer instrumento jurídicamente vinculante en la región y cuenta con la Cepal como secretaría. De los 33 países de América Latina y el Caribe, 24 ya lo han firmado y 12 congresos lo han ratificado. En Chile, el texto fue firmado el 18 de marzo pasado por el Presidente Gabriel Boric y actualmente está en discusión en el Congreso para su ratificación.
A pesar de que Chile aún no ha ratificado el Tratado, fue invitado a participar de la COP de Escazú, pero como “observador”. Un papel que para Martín Astorga, abogado y líder del área de Medio Ambiente de Cariola Díez Pérez-Cotapos, “implica que no va a poder votar, no podrá tomar parte de las decisiones ni acuerdos de forma activa que los demás países decidan, lo que se traduce en que no tendrá mucha influencia desde el punto de vista práctico”.
En la Conferencia, en la que participan los países firmantes del acuerdo, se espera que se discutan temas como las reglas de procedimiento de las partes, las modalidades de participación pública y la implementación del Acuerdo, donde Chile no tendrá voto.
El debate en el Congreso
El Acuerdo de Escazú fue firmado el pasado 18 de marzo por el presidente Gabriel Boric. Desde esa fecha, para que el Tratado sea ratificado, los próximos pasos a seguir están en manos del Congreso. Esta semana se iniciaron las discusiones sobre la iniciativa, particularmente en las comisiones de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
En el caso de la comisión de Relaciones Exteriores, fue invitada la canciller Antonia Urrejola. En la instancia, la ministra defendió el Tratado y descartó que ponga en riesgo la soberanía del país o deje expuesto a Chile a juicios internacionales, asegurando que solo dependerá de la voluntad de los países involucrados, sin la necesidad de ser una obligación.
“Ir a un tribunal internacional, como la Corte Internacional de Justicia, es optativo y además requiere la declaración de ambos estados en controversia”, afirmó.
Además, la jefa de la cartera de Relaciones Exteriores confirmó que asistirá a la COP de Escazú junto con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el presidente Gabriel Boric.
Por otro lado, en la Comisión de Medio Ambiente, el lunes fueron invitados diversos actores relacionados al sector medioambiental, de organizaciones como Espacio Público, ONG CEUS Chile y de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) para entregar su visión y posición respecto de la ratificación del acuerdo.
Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, dijo que el Tratado “debiese aprobarse relativamente rápido, pero es razonable pensar que se va a ratificar antes de fin de año. Por todos los trámites que faltan, es casi imposible que pueda estar listo antes de la COP”.
Se espera que la próxima semana, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, exponga en la Comisión de Medio Ambiente sobre el Acuerdo.
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