En las candidaturas hubo consenso de la necesidad de perfeccionar la institucionalidad ambiental para la evaluación de proyectos de inversión. Una “reforma importante” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y, en particular, facilitando la participación de las comunidades para evitar conflictos es lo que poropone Pedro Glatz (Gabriel Boric).
La candidatura de José Antonio Kast propuso “despolitizar la evaluación ambiental”. Según explicó su asesora, Macarena González, la idea es establecer ciertos criterios mínimos como país. “El tema ambiental es técnico y tenemos que construirlo entre todos. Y, una vez establecidos estos criterios globales, despolitizar el sistema”, dijo, agregando que se tiene que hacer un sistema integral en el sentido del impacto social y que éste no sea tan burocrático.
De hecho, precisó que hay proyectos que no necesitan ingresar al SEIA, como -por ejemplo- los de abatimiento de gases.
En esa línea, proponen un test de viabilidad técnico-económica para evitar el uso de recursos del Estado en evaluación ambiental de iniciativa que no se ejecutarán.
Pero para la asesora de Sebastián Sichel, Victoria Paz, es muy importante eliminar el comité de ministros en las decisiones medioambientales, generando una institución técnica que no tenga relación con el ciclo de gobierno.
“Esta institucionalidad no funciona en sí misma, por eso creemos tan importante avanzar en todo lo que es ordenamiento territorial, planificación de zonas costeras, conservación y restauración”, afirmó.
Advirtió que se necesita una institucionalidad fuera del ámbito político, pero ésta también necesita leyes muy claras.
Una materia clave a la hora de abordar la institucionalidad ambiental para el asesor de Yasna Provoste, Álex Godoy, es fortalecer la participación ciudadana. A lo que suma robustecer el sistema para nivelar asimetrías entre proponentes de proyectos. “El comité de ministros es un instrumento más bien político y lamentablemente esto debiera mirar a ser más técnico”, reconoció.
Sobre la participación ciudadana, la asesora de Marco Enríquez-Ominami, Beatriz Stager, asegura que será “sumamente importante y lo concentraremos a través de los gobiernos regionales”. Para Stager la modernización del SEIA pasa más bien por la modernización del Estado.
En materia energética, sobre cómo se conciliarán los requerimientos del sistema con la voluntad de las comunidades, cuando proponen -por ejemplo- acelerar los plazos del proceso en las obras de transmisión, Glatz sumó a la reforma del SEIA una ley de ordenamiento territorial.
Las diferencias en torno al acuerdo de Escazú
La asesora de Sebastián Sichel, Victoria Paz, comentó la importancia de que Chile se adhiera el Acuerdo de Escazú, en contraste con la posición del gobierno actual: "Las medidas de adaptación y mitigación son urgentes, y eso implica tomar compromisos no solo nacionales, sino que también internacionales".
Considera que la normativa medioambiental vigente en Chile nos permite entrar a Escazú con el compromiso medioambiental, por lo que "no es necesario llegar a cambios legislativos profundos".
Otra candidatura que ha recalcado la importancia de adoptar el tratado es la de Marco Enríquez-Ominami. Su asesora, Beatriz Stager planteó que "el ordenamiento jurídico de Chile no está de acuerdo con asociarse al acuerdo de Escazú, por lo tanto nosotros tenemos que cambiar varias normas para cumplir con ello".
Pese a su anhelo de unirse al pacto, dijo entender "que estamos en pleno proceso de convención constitucional y creo que ahí nosotros no podemos ir sobre o en paralelo a lo que va a pasar en la Constitución".
"El marco lo va a dar la Constitución y nosotros nos ajustaremos", apuntó.
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