¿Qué puede hacer la transformación digital por una sociedad? Sin duda, mucho más que eliminar las filas y el papel de las instituciones públicas. El impacto de los gobiernos digitales en la calidad de vida de los ciudadanos ha sido ampliamente documentado y está comprobado que una correcta implementación de herramientas tecnológicas es el camino a construir países más equitativos e inclusivos.
El más reciente estudio de la Cepal, Perspectivas Económicas de América Latina, concluyó que las nuevas tecnologías contribuyen a las instituciones públicas, porque ayudan a que la gestión sea más eficiente, inclusiva, creíble e innovadora, ayuda a restablecer la confianza en los gobiernos al simplificar los sistemas burocráticos y permite la participación ciudadana en la toma de decisiones, gracias a la transparencia.
Parece que estos hallazgos no son novedad en Chile, ya que desde 2019, con la promulgación de la Ley 21.180, se sentaron las bases para modernizar por completo el Estado, bajo metas y principios ambiciosos: de aquí al 2024 todas las instituciones públicas tendrán sistemas interoperables, actualizados, equivalentes, fieles al archivo original y deberán cooperar entre sí.
Y aunque según los datos de la división de Gobierno Digital, el 70% de los trámites públicos están digitalizados y hay 10,9 millones de chilenos con Clave Única activada, todavía la tecnología robusta, abierta e incluyente se hace esperar. La interoperabilidad sigue siendo un sueño idílico para las instituciones y hace falta visionarios que diseñen servicios para atender las necesidades de poblaciones diversas, adultos mayores y habitantes de zonas rurales.
La transformación digital del Estado se presenta como una oportunidad de oro para cultivar una gestión pública más eficiente, inclusiva y transparente. Sin embargo, se sigue reduciendo a un tema meramente técnico. Se cree que la tarea está lista simplemente con digitalizar trámites y comunicaciones, pero en realidad ese es el punto de partida.
Así las cosas, no vamos tan adelante como quisiéramos. El Estudio de Indicadores de Gobierno Digital (2019) reveló que un punto débil del país es el gasto de las instituciones en tecnologías de información y comunicación, las políticas de gestión documental y la planificación estratégica interna de la transformación digital. Solo hay que pasar unos minutos en las cuentas de Twitter de algunas entidades, para ver la cascada de reclamos respecto a que las plataformas no funcionan con la integridad que deberían.
Además, el mismo estudio reveló que las entidades públicas tienen técnicos y profesionales TI ejerciendo tareas básicas, mientras que las funciones relacionadas con la innovación y el diseño de servicios enfocados en el ciudadano, son las menos frecuentes. Solo un cambio de mentalidad y una pisada al acelerador en la modernización nos permitirá avanzar a un país con servicios abiertos y personalizados. Uno que no olvide que la tecnología existe por y para sus ciudadanos.
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