La bomba la lanzó el miércoles la contralora subrogante Dorothy Pérez. En medio de la comisión investigadora por la organización de los Juegos Panamericanos 2023, dijo que se inició una auditoría por falta de rendición de cuentas de $ 194 mil millones de los aproximadamente $ 282 mil millones utilizados. Pero además dijo que se enviaron antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por problemas en rendiciones de $ 17 mil millones.
El jueves, el Instituto Nacional del Deporte (IND), mandante de las obras realizadas en Santiago para el evento deportivo, salió a explicar el panorama.
Afirmó que los montos empleados en los años 2019 y 2022 se encuentran “totalmente rendidos y aceptados” y que el período de 2021 y 2022 “está rendido y en proceso de revisión”. Mientras que los del 2023 están dentro del plazo que establece el convenio para ser fundamentados y que “no es que no estén ubicables”.
En cuanto a los $ 17 mil millones informados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la entidad planteó una “imprecisión” de la Contraloría, ya que según sus antecedentes se trataría de alrededor de $ 5 mil millones. Explicó que los montos fueron rendidos a tiempo, pero presentaron observaciones que se están subsanando.
Pero, ¿quiénes son las empresas que estuvieron detrás de las obras de los Juegos? Fuentes al tanto explican que hay temas administrativos pendientes entre el IND y la Contraloría, los que son procesos normales en pagos desde el Estado hacia privados, pero que no hay ningún problema legal o de dineros desaparecidos. Además, las obras se entregaron todas, y la prueba fehaciente de ello es que los Juegos resultaron bien y la infraestructura no tuvo mayores inconvenientes.
Una de las principales empresas a cargo de las obras es Grupo Flesan, que estuvo a cargo de construir el Parque Deportivo del Estadio Nacional, el Polideportivo Deportes Colectivos y la Explanada Deportes Urbanos, y el Centro Acuático (en consorcio con Moller & Pérez-Cotapos), cuya inversión total superó los $ 110 mil millones.
La empresa tiene operaciones en Chile y Perú y fue fundada en 1981 por Emilio Salgado Tormo, enfocada en el rubro de las demoliciones, pero con el año ingresó la segunda generación de la familia y se expandieron hacia minería, obras públicas e infraestructura, entre otros. Además tiene filiales reconocidas como De Vicente Constructora (DVC).
La otra empresa que estuvo trabajando fue DLP, a cargo de la villa panamericana en Cerrillos. La firma también fue fundada en 1981 y sus socios son Javier Darraïdou, Pelayo Larraín y José Manuel Poblete. La firma tiene proyectos por US$ 300 millones, entre ellos 11 obras en ejecución, 15 proyectos inmobiliarios en desarrollo y 3 mil trabajadores.
La tercera compañía en participar activamente de los proyectos fue la Constructora Mena y Ovalle, fundada en 1985 por Patricio Mena y Darío Ovalle. Posteriormente se incorporan como socios Fernando Mardones, Patricio Orrego, Milton Jiménez y Francisco Herrera.
La empresa ha construido más de 2.750.000 m2, entre ellos, 8.870 casas, 61 edificios habitacionales, 27 edificios de oficinas, nueve hoteles y 11 edificios educacionales y otras obras de edificación en general.
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