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Alto contrasteVivien Villagrán, la superintendenta de casinos en medio de la polémica
Pasó por los ministerios de Obras Públicas y Educación, antes de arribar a regular la industria de casinos.
* El texto original de este artículo fue modificado
Ha estado en el ojo del huracán toda la semana. La superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, ha sido cuestionada por la industria y por los diputados de la Comisión investigadora que analizó el caso Enjoy. Pero Villagrán de enfrentar batallas y acomodarse a escenarios políticos cambiantes, sabe.
Geóloga de la Universidad Católica, ingresó al sistema público en 2007, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y no se alejó más del aparato estatal, aunque antes, también pasó por Microsoft en Chile y trabajó en el gobierno Perú.
Entre 2007 y junio de 2014 fue directora nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, por lo que se mantuvo en el cargo cuando Piñera llegó a La Moneda por primera vez. Cuando volvió Bachelet al poder, Villagrán se desempeñó como jefa de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación. Hasta que en 2017 dio el salto a la Superintendencia de Casinos de Juego, un cargo desde el cual ha liderado cambios en la industria y se ha enfrentado con buena parte de sus actores.
Sin embargo, con la pandemia, los dardos fueron apuntados directamente a ella por la prórroga de la entrega de obras de los casinos municipales que debían estar listos a principios de este año, aunque en rigor el Decreto Supremo 77 -que lo autoriza- fue firmado por el Presidente de la República. Y aunque Enjoy fue a tribunales a pedir una orden de no innovar, la Superintendencia se defendía con que debía cumplir con los plazos. Finalmente, el decreto del presidente permite la prórroga en la entrega de las obras de cinco casinos, cuatro de Enjoy y uno de Dreams, por seis meses.
La firma controlada por la familia Martínez desistió de la acción judicial al conseguir su meta en la etapa administrativa.
* En el artículo original se le atribuyó erróneamente a la Superintendencia haber redactado un decreto supremo, cosa que no le correspondía.
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