El proyecto Natureza, la mayor inversión contemplada por CMPC en el extranjero, entra en un mes clave en Brasil. La iniciativa considera US$ 4.600 millones para construir una planta de celulosa en Barra do Ribeiro, en Rio Grande do Sul, con capacidad para producir 2,5 millones de toneladas anuales, y CMPC espera obtener durante septiembre su licencia ambiental previa.
El director general de CMPC en Brasil, Antonio Lacerda, dijo que septiembre será “decisivo” por dos frentes. Según informó el medio Jornal do Comércio, Lacerda sostuvo que el primero es judicial: el procurador federal Ricardo Gralha solicitó por segunda vez suspender todo el proceso de licenciamiento mediante un recurso judicial, luego de que una petición anterior fuera rechazada en primera instancia.
Ahora, la empresa espera que el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región “se pronuncie negativamente sobre el segundo recurso judicial; tenemos grandes esperanzas de que así sea”.
El segundo frente es el proceso ambiental, que sigue avanzando en paralelo. Lacerda señaló al medio brasileño que CMPC espera obtener la autorización previa para finales de septiembre.
Consultada por DF, CMPC señaló que la licencia previa es “un paso más dentro del proceso del proyecto, que continúa avanzando y podría resolverse en los próximos meses”.
“Mantenemos una mirada abierta respecto de los plazos, entendiendo que existen distintos elementos y etapas que forman parte de este proceso. CMPC ha cumplido con los requerimientos que corresponden y mantiene su colaboración con las autoridades y organismos técnicos, con el objetivo de que el proceso continúe su curso conforme a lo establecido por las autoridades locales”, agregó la compañía.
En agosto, el MPF afirmó que CMPC no había contactado al procurador titular del caso ni presentado una propuesta que permitiera avanzar en la "Consulta previa, libre e informada con pueblos indígenas, comunidades quilombolas y pescadores".
En primera instancia, la Justicia Federal rechazó la solicitud cautelar del MPF para suspender el procedimiento. Tras esa decisión, el proceso de licenciamiento continuó ante la Fundación Estatal de Protección Ambiental (Fepam).
Mientras el frente judicial sigue abierto, el gobernador Eduardo Leite señaló al Jornal do Comércio que el Estado está a la espera de una segunda evaluación técnica de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
Según explicó, el organismo ya emitió un análisis sobre un primer grupo indígena y aún debe pronunciarse sobre otro grupo ubicado en el área afectada. Una vez que se conozca esa evaluación, sostuvo Leite, la Fepam podrá avanzar en la emisión de la licencia previa.
Leite sostuvo además que considera equivocada la interpretación que el fiscal federal hace de las normas de licenciamiento y aseguró que el proceso se está llevando a cabo de acuerdo con la normativa.
La secretaria de Medio Ambiente e Infraestructura de Rio Grande do Sul, Isa Carla Osterkamp, sostuvo que “seguimos en negociaciones para lograr, en las próximas semanas, la culminación de este proceso de licenciamiento. No obstante, las expectativas son positivas”.