La presidenta de la República, Michelle Bachelet, abordó nuevamente ayer el impacto que ha generado el llamado caso Caval durante su administración, expresando su deseo de explayarse sobre el mismo después que termine su mandato en marzo de 2018.
“Me gustaría hablar de este tema después de ser Presidenta”, dijo en el marco de una entrevista con radio Sonar.
El polémico capítulo estalló en febrero de 2015 -en pleno periodo estival-, cuando se conoció que la esposa de su hijo, Natalia Compagnon, había utilizado su posición para sacar ventaja en los negocios que realizaba a través de la sociedad denominada Caval, incluida la bullada reunión con el presidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para obtener un crédito.
“Si yo hubiera tenido más claro lo que había pasado, hubiera vuelto de inmediato, pero cada vez que insistí en irme, las personas que me informaban me decían, ‘no, no se venga. No vale la pena. No tiene sentido’”, explicó Bachelet sobre su decisión de no interrumpir sus vacaciones en Caburga el año pasado.
“Ahí hubo una mala evaluación y yo me confié en esa mala evaluación; y me demoré porque debí haber vuelto de inmediato. Pero como yo no tenía diarios, no tenía televisión, no tenía nada donde estábamos, la verdad es que tuve que confiar en las personas que me entregaban la información”, agregó.
Bachelet admitió que “no es un caso neutral en el sentido emocional”. Pero, al mismo tiempo, destacó: “No me he perdido ningún minuto como presidenta de la República, que hay algo que se puede destacar, es que en Chile la Justicia funciona para todos”.
Declaración de Uriarte
Esta confesión se dio en medio de la declaración que Ana Lya Uriarte, su jefa de gabinete, realizó ayer en forma paralela, ante los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya de la fiscalía de Rancagua en la investigación de la arista por estafa del caso Caval.
Esta diligencia se concretó luego que Compagnon, vinculara nuevamente a la asesora presidencial al caso, aludiendo al informe que ella habría elaborado cuando formó parte de su oficina legal Sustentabogados y que posteriormente habría sido vendido al empresario Gonzalo Vial por un valor de $ 19 millones.
Consultado el ministro del Interior, Mario Fernández, se limitó a aclarar que el gobierno no puede referirse a casos pendientes en la justicia. Sin embargo, destacó que “todos somos iguales ante la Ley”.
También resaltó el hecho el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. “Nadie está por sobre la Ley, lo que corresponde es que cada persona llamada a declarar debe concurrir (...) Esto significa que el sistema está funcionando”, precisó.
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