Para el coordinador del proyecto de migración en el primer mandato de Sebastián Piñera, Joaquín Barañao, la Nueva Mayoría desperdició la oportunidad de actualizar la ley que data de 1975 y asegura que eso no ocurrirá en este gobierno.
Una señal de ello es que el Ejecutivo optó por “revivir” dicho texto, que ya fue aprobado en general por la comisión de Gobierno de la Cámara, lo que a su juicio adelanta bastante el debate. El ingeniero y escritor fue invitado a participar en la elaboración de indicaciones para retomar lo antes posible la discusión en el Parlamento, y aunque señala que no se puede pronunciar respecto a los plazos por ser esa una atribución de la autoridad, dice que el sentido de urgencia por este tema es evidente, “así que es de esperar que sea bastante pronto”.
- El trabajo en las indicaciones, ¿aún está en proceso?
- Sí, está en proceso, pero los contenidos no los puedo adelantar.
- ¿Se incluirán artículos del proyecto ingresado por el gobierno de Bachelet?
- Se están estudiando algunos de los artículos del proyecto presentado por la Nueva Mayoría el 2017 para incorporarlos por la vía de indicaciones.
- ¿Cómo ve el futuro de la discusión en el Congreso? Nuevamente el subsecretario Rodrigo Ubilla estará a cargo, pero el tema genera mucha más efervescencia que en 2013.
- Habrá muchísima más celeridad. Cada día que pasa es más evidente que la migración se está volviendo un fenómeno relevante en Chile y, además, cada día que pasa la Ley de 1975 es más vieja. Entonces, tiene otro nivel de prioridad y el hecho de que haya sido uno de los doce proyectos al que se le puso urgencia el día uno de la administración y una de las prioridades explícitas señaladas por el presidente Piñera, pavimentará una tramitación -no voy a decir rápida, porque es un proyecto muy amplio- intensa y de prioridad de resolución cierta en plazos acotados.
Va a tomar tiempo, pero no se va a parar de trabajar y no hay ninguna duda de que este proyecto va a salir. La pregunta es si sale el primer o el segundo año, pero va a salir durante la primera mitad de este gobierno.
- Hay expertos que dicen que el proyecto está obsoleto por los cambios que ha experimentado la migración desde 2013 y además por tener un foco de seguridad y no de derecho, ¿qué opina usted?
- Definitivamente, no está obsoleto. Es verdad que los números son distintos al gobierno anterior de Piñera, pero la naturaleza del fenómeno es el mismo: no es que si uno tiene un sistema diseñado para, por ejemplo, categorías migratorias, éste cambie si se pasa de 100 mil personas a 200 mil personas en un año. Las categorías son las mismas, solamente aumenta el número de la gente que las utiliza. En lo que concedo razón en parte a la crítica es en el rango del organismo a cargo, eso sí es sensible a la magnitud y ahí hay una debilidad. Solamente haber elevado de departamento a división, que es lo que hacía el proyecto de 2013 es insuficiente para las necesidades del 2018. El resto del proyecto es indiferente a la cantidad de los flujos migratorios.
- ¿Y en materia de derechos? Porque en el proyecto de 2013 el extranjero tenía que esperar dos años para acceder a beneficios del Estado en materia de salud, educación, vivienda.
- La crítica de falta de enfoque de derechos es injusta y normalmente desinformada, porque el proyecto de 2013 trae consigo numerosos cambios en beneficios de los derechos de los migrantes. Por ejemplo, desasocia completamente la migración con delito; elimina toda restricción para que los extranjeros trabajen en el sector público; genera una enorme mejora para reconocer los títulos profesionales, que es una de las tremendas deficiencias que hay hoy; hay una norma que exige que incluso de detectarse una situación irregular, se les deba remunerar lo que corresponde y pagar sus obligaciones laborales; se garantiza la salud de urgencia y de parto.
Es fácil fijarse en esa norma específica y no hacer una evaluación global del proyecto. Esa norma, por cierto, que es algo que debe ser discutido en el Congreso y tiene que ver con la capacidad de Chile de solventar algo de ese tipo, pero es imprescindible contar con una mirada global de lo que se presentó antes de emitir un juicio de si contiene o no un enfoque de derechos.
- Para las indicaciones, ¿se pedirá la opinión a expertos, organizaciones o eso se dejará para el Congreso?
- El lugar natural de la democracia es el Congreso. Desde luego que se escuchará con mucha atención a todas las organizaciones que pidan ser atendidas, pero hay que recordar que ya estamos en la etapa legislativa. Durante la etapa pre legislativa, que en el caso de este proyecto fue entre 2011 y 2012, recibimos más de 750 observaciones, analizamos cada una, tenemos una matriz de cómo se resolvió cada una de ellas, pero una vez que el proyecto ingresa al Congreso, el lugar donde se debe tener la discusión es ahí.
-¿Es seguro que habrá una nueva ley de migración en este gobierno?
- Sí, salvo que existiera un bloqueo de parte de la oposición. El gobierno del presidente Piñera va a remar con todas las fuerzas y con toda la decisión, con sentido de urgencia para sacar adelante esto. A diferencia de los dos gobiernos anteriores, esto está mucho más avanzado y todos los sectores entienden que en Chile este tema no da para más. La única opción de que este proyecto no sea aprobado durante este gobierno sería que la oposición privilegiara una lógica confrontacional en lugar de una de bien país.
- ¿Fue un error de la NM no haberle dado prioridad al proyecto?
- No haber presentado indicaciones porque el proyecto era del presidente Piñera es la peor cara de la retroexcavadora. Si es que hubiesen hecho indicaciones a nuestro proyecto, hace dos años que habría una nueva ley de migraciones.
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