El Colegio de Abogados subió la temperatura y lanzó duras críticas al Servicio de Impuestos Internos (SII) luego que hace dos semanas el fiscalizador contactara a una serie de contribuyentes y asesores tributarios para solicitarles información de sus clientes.
En decisión unánime, el Consejo de la orden profesional emitió hoy una dura declaración contra el organismo liderado por Fernando Barraza, señalando que la solicitud "constituye un atentado en contra del secreto profesional" de los juristas a los que el SII solicite exhibir antecedentes, particularmente copia de los informes y de los consejos que ha dado a su cliente.
"Ello está amparado por el secreto profesional que todo abogado está obligado a preservar y resguardar bajo sanción ética y penal", señaló la declaración del Colegio.
La orden planteó que se "vulnera" el derecho a defensa establecido en favor de sus clientes, "que es deber del abogado cautelar, si a cualquiera de estos, como pretende el servicio, se les obliga a entregar la información con que cuenta, pues es de la esencia de la relación cliente-abogado la reserva".
"El secreto es un derecho-deber del cliente y del abogado, por lo cual lo requerido por el Servicio importa una extralimitación en sus atribuciones, y una transgresión a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Tributario", complementó el gremio liderado por Arturo Alessandri y que emitió la declaración tras recomendación del Comité Tributario presidido por Olga Feliú.
"El Consejo recuerda a los abogados que tienen la obligación de guardar y respetar el secreto profesional de sus clientes, el que deberán hacer valer en este caso ante el SII, tanto para los que han sido citados como para aquellos que puedan serlo en el futuro", concluyó la orden profesional.
Hace dos semanas, el SII envió una notificación a contribuyentes y asesores tributarios solicitándoles concurrir a las oficinas del organismo con copias de la escritura de constitución de la sociedad, libro de ventas de 2015, un duplicado de las 20 mayores facturas de ventas y servicios emitidas en 2015 de varios clientes y las copias de contratos de prestación de servicios ligados a dichas facturas. El Servicio de Impuestos Internos aclaró que la solicitud tiene un fin solo estadístico para un informe realizado por la OCDE.
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