Que las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales estén organizados como personas jurídicas sin fines de lucro es la principal discrepancia que mantienen el gobierno y Chile Vamos en el presupuesto del Ministerio de Educación. No es la única, también la acreditación de cuatro años o más que la glosa N°2 exige a los planteles universitarios no estatales y privados, es decir, que no son parte del Cruch; y la política de becas, son focos de disenso.
Y como la oposición advirtió hace semanas al gobierno que recurrirá nuevamente al Tribunal Constitucional para objetar la gratuidad, el Ejecutivo intensificó las conversaciones con la UDI y Renovación Nacional, para evitar que esta política pública sea revisada por el TC, organismo que ya ha fallado en contra del gobierno en dos de sus principales reformas: la educacional y laboral.
La negociación es encabezada por los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre; y de Educación, Adriana Delpiano. En la contraparte están el senador de RN, Andrés Allamand, y la senadora de la UDI, Ena von Baer. La derecha asegura que el fallo del TC de diciembre de 2015 “establece que los criterios para acceder a la gratuidad deben ser únicamente dos: vulnerabilidad y calidad. Ahí no entra el con o sin fines de lucro”.
Así, el requerimiento de la oposición -que ya está redactado en un 90%, aseguran desde el bloque- impugnaría nuevamente la gratuidad, pero además la política de becas, calificada también como “discriminatoria” por tener distintos mecanismos de subsidio para distintos tipos de casa de estudios, como la Beca Nuevo Mileno, para CFT e IP (con máximo de $ 600 mil anual), la Beca Juan Gómez Millas, para cualquier universidad acreditada (con un arancel tope de $ 1.150.000 anual); y la Beca Bicentenario, para planteles pertenecientes al Cruch (que financia gran parte de la carrera, dependiendo de la universidad).
En el gobierno analizan dos fórmulas para lograr un acuerdo. Una es ampliar la Beca Bicentenario a todas las universidades que estén acreditadas. La otra, es avanzar en educación gratuita para los primeros cinco deciles de menores ingresos a través de aportes basales entregados directamente a las universidades que cumplan con la calidad y la prohibición de lucrar. También hay un tercer elemento, reconoce un asesor de gobierno, aunque se maneja con mayor reserva, que es asegurar que las sociedades comerciales que se conviertan en personas jurídicas sin fines de lucro puedan recuperar su inversión.
En Chile Vamos consideran positivos el primer y último punto, pero creen que el segundo mantendría como criterio de diferenciación la institución (el lucro) y no el nivel de ingreso de los y las estudiantes.
La ministra Delpiano descartó alterar en algo la prohibición de lucro para destinar recursos públicos, asegurando que no es posible que “platas de todos los chilenos vayan a instituciones que lucran con esos recursos. Además, sin tope regulado de arancel”, como también lo demanda Chile Vamos.
En la NM hay tensión y varios legisladores creen que la negociación con la derecha puede terminar en concesiones. Uno de ellos es el senador socialista Carlos Montes, quien pidió al gobierno “no entregar elementos fundamentales en función que la derecha no acuda al TC, porque igual lo va a hacer”. Otro llamado lo realizó el senador del PPD, Jaime Quintana, quien solicitó a Chile Vamos “no utilizar, sabiendo que tiene mayoría en el TC, a los estudiantes vulnerables para financiar universidades que lucran”.
Este jueves se podrían resolver eventuales cambios a la gratuidad, previo al ingreso de las indicaciones del presupuesto de Educación en el Senado.
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