Como “conveniente”, dado el ambiente de “crispación” que hay sobre el traspaso de recursos estatales hacia fundaciones, consideró el ministro de Justicia, Luis Cordero, la necesidad de aclarar que los 29 convenios declarados ilegales por la Contraloría General de la República (CGR) estaban en el trámite de toma de razón, es decir, en control preventivo, una instancia propia de la institucionalidad vigente.
Por ende, precisó el secretario de Estado en el programa Mesa Central de canal 13, no se ha transferido ni ejecutado nada de los $ 13 mil millones que involucrados.
De acuerdo con lo informado por el diario La Tercera, el organismo fiscalizador emitió un informe tras revisar 34 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones. Y de estos, 29 suscritos este año no cumplían con los estándares legales.
Ante ello, el ministro también señaló que la Gobernación de Los Lagos -que son los principales afectados- comunicó que se harán cargo de las observaciones de las Contraloría y los van a reingresar.
De todas formas, Cordero admitió que el caso convenios reveló un problema “bien estructural”, en términos de que hay un abuso del clasificador presupuestario, que no exige -por ejemplo- boletas de garantía y que una vez se realiza las transferencias para el Estado, la ejecución presupuestaria se entiende agotada. Por lo tanto, el incentivo a realizar transferencias, para poder cumplir con la ejecución presupuestaria, es alto.
Y a esto se suma el incentivo de que puede darse un traspaso de fondos a entidades sin fines de lucro.
“Tenemos un problema estructural, ese problema estructural hay que resolverlo”, insistió y anticipó que este tema será “inevitable” en el debate del próximo proyecto de ley de Presupuesto.
El ministro reiteró que Democracia Viva es un caso de corrupción, en el entendido que hubo un ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado. Y de ahí el rol que se la ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado.
En este contexto, dijo que no hay antecedentes de participación activa de la diputada Catalina Pérez.
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