"No hay caso. En Hacienda no escuchan". Eso concluyeron los pocos parlamentarios que asistieron al habitual almuerzo de coordinación legislativa en Teatinos 120.
Los diputados esperaban que el gobierno se abriera a modificar someramente el proyecto de ley de Presupuestos 2017, en específico los elementos objetados por la Cámara de Diputados, durante la semana pasada. Sin embargo, el subsecretario de la cartera, Alejandro Micco, que encabezó el encuentro ante la ausencia de Rodrigo Valdés, notificó a los legisladores que en el Senado el Ejecutivo repondrá, en los mismos términos, los gastos variables de la Contraloría y del Ministerio de Agricultura que fueron rechazados por los diputados.
"Uno se aburre y no hay diálogo, salvo cuando necesitan los votos", expresó uno de los diputados que asistió a la reunión de coordinación, el democratacristiano Pablo Lorenzini, crítica transversal que ha motivado a varios legisladores a no asistir regularmente a estas citas de coordinación.
En la Contraloría, el presupuesto no fue aprobado como señal de molestia, ya que el Ejecutivo no consideró la demanda del organismo, de sumar cerca de $ 800 millones para contratar nuevos fiscalizadores. En Agricultura, la mayoría de los recursos fueron objetados por los bajos recursos que, según los diputados, el gobierno destinó al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Micco informó además que el gobierno insistirá con los montos rechazados de Conicyt, cuatro programas del Ministerio de Educación que sufrieron recortes y los recursos para la justicia militar, cuyo monto se rebajó de $ 8.437 millones a sólo $ 10.000.
Evitar el TC
El ministro Valdés se ausentó del encuentro porque a esa misma sostenía otra reunión, junto a sus homólogos de Educación, Adriana Delpiano, y de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre; además de senadores oficialistas, explorando fórmulas para evitar que la gratuidad en la enseñanza superior termine en el Tribunal Constitucional (TC), como ocurrió en 2015.
El gobierno ha estado conversando las últimas semanas con parlamentarios de Chile Vamos, donde ya redactan el requerimiento que presentarán ante el Tribunal Constitucional. Así, el Ejecutivo está buscando la "forma de cumplir con el programa, pero hacerlo compatible con lo que diga el TC", explican fuentes oficialistas.
Un camino que estaría siendo evaluado es financiar con aportes basales a todas las universidades que ingresen al programa de gratuidad y no sólo las pertenecientes al Cruch, sino que también las del G9 (públicas no estatales) y las privadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por gobierno, como no lucrar y estar acrediatadas.
Otra vía sería aumentar las becas, aunque es menos probable, porque la oposición también lo objetaría en el TC.
El Senado votará este miércoles y jueves el Presupuesto 2017.
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