Los recursos hidrobiológicos son de todos los chilenos y por eso “resulta incomprensible para los ciudadanos estar regulados por una ley de Pesca que está cuestionada en su legitimidad y que en la práctica permite la apropiación privada de los recursos a través de licencias transables y renovables a perpetuidad”.
Esto expone el Partido Socialista en un documento entregado al gobierno, con propuestas para la configuración de la agenda legislativa de La Moneda, para la fase final de su gestión.
El partido de la Presidenta Bachelet asegura que la falta de legitimidad de la normativa, debido a los casos de corrupción que involucran a la ex diputada Marta Isasi y al desaforado senador de la UDI, Jaime Orpis, “sólo puede ser resuelta a través de una legislación nueva, que sea precedida de una discusión transparente, donde todos los actores incidentes puedan participar”.
Así, la colectividad intenta convencer a un gobierno que desechó la idea de derogar la legislación y que, según dicen fuentes oficialistas, “no está convencido de promover cambios, debido a la apretada agenda legislativa”.
Para el PS, “es imperioso” avanzar en una nueva legislación o una reforma a la actual normativa, particularmente para “abandonar el sistema de otorgamiento de licencias transables y renovables a perpetuidad, y hacer de la licitación la forma más eficaz de distribución de cuotas, para que así la pesca en Chile sea una actividad sostenible, transparente y competitiva”.
Otras prioridades
En el documento de siete páginas, el PS propone también al Ejecutivo ubicar entre sus prioridades la derogación de la Ley Reservada del Cobre y la reforma al Código de Aguas “en sus actuales términos”. Concordamos, sostiene la colectividad, plenamente con el espíritu del proyecto de ley, que busca realizar un cambio sustancial, promoviendo el agua como un bien público y el acceso a ella como un derecho humano esencial.
Otros proyectos que deben tener, según la propuesta del Partido Socialista, un trato preferente son el Fondo de Infraestructura, el proyecto de ley de educación superior, la nueva ley de educación pública, las modificaciones al sistema de pensiones, la agenda de infancia y fortalecimiento de los derechos de niñas y niños, una agenda de descentralización, el proyecto de ley sobre interrupción del embarazo en tres causales, y la nueva Constitución.
“El último año de gobierno debe centrarse en mejorar el crecimiento y la competitividad y, al mismo tiempo, avanzar en derechos sociales”, plantea la colectividad.
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