Imprecisiones, falta de prolijidad y de fuentes, y un
criterio de selectividad discutible, fueron sólo algunas de las críticas que
realizó la comisión investigadora designada por Chile Trasparente para
estudiar los antecedentes relativos a la sección de Chile incluido en el
Informe Global sobre Corrupción 2009 de Transparencia Internacional, en el que
se aludió al caso LAN-Piñera.
Según el informe de 15 páginas elaborado por Enrique Barros, José Zalaquett y
Sergio Molina, el apartado "sobre Chile contiene imprecisiones de hecho en
aspectos sensibles, que podrían haberse evitado si los redactores hubiesen
actuado con mayor prolijidad en la selección de las fuentes”.
La comisión detalla que los principales argumentos expuestos en el caso
LAN-Piñera se sustentaron "principalmente por fuentes periodísticas que no
necesariamente contienen información fidedigna".
"La omisión de fuentes primarias (…) aumenta el riesgo de incurrir en
imprecisiones de hecho, que con mayor razón deben evitarse si la investigación
alude a situaciones calificadas como casos de corrupción", subrayaron.
Asimismo, señala que el caso fue erróneamente calificado, "al asociarlo a
una hipótesis de uso de información privilegiada", que advierte, se aparta
de "lo tenido en consideración por la SVS al aplicar su sanción administrativa" y
exculpar del delito de uso de información privilegiada.
En otro aspecto analizado, la comisión asevera que "algunos comentarios u
opiniones contenidos en el informe se alejan de su propósito y de
los estándares de fundamentación y objetividad exigidos por los términos de
referencia de TI".
A juicio de esta comisión, las futuras versiones del IGC deberían tener
especial cuidado a limitarse a un análisis objetivo de los hechos y no incluir
opiniones que carecen de sustento o que se extralimitan de los propósitos del
informe", concluye.
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