Por Víctor Hugo Moreno
“Uno sabe dónde le aprieta el zapato, en cada comuna hay realidades diferentes. El delito toma diversas formas y énfasis a lo largo del territorio. No puede haber respuestas estandarizadas para cada una de estas realidades”, expresó la presidenta, Michele Bachelet, al anunciar el nuevo “Plan de Seguridad Pública para Todos”, en el Parque Isabel Riquelme en la comuna de San Joaquín, el mismo lugar, en donde en su anterior mandato hizo anuncios de ampliación del Plan Cuadrante de Carabineros. Hoy, años después, la mandataria vuelve a este simbólico sitio, colindante con la población La Legua, para dar a conocer cómo enfrentará su gobierno los problemas de seguridad.
En esa línea, tanto Bachelet como el ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, enfatizaron en la importancia que tiene este plan, en el sentido que el trabajo debe involucrar a diversos actores, autoridades, policías y a la comunidad, para que cada comuna detecte sus principales problemas en materias de seguridad, focalizando las tareas preventivas, como también las de persecución.
El jefe de gabinete explicó que en total son 17 proyectos de ley que se enviarán en los próximos tres años, con un costo de US$1. 200 millones en temas de prevención, control y sanción, agregando que este “plan requiere una máxima prioridad gubernamental”. El gobierno partirá este trabajo en 74 comunas, que representan los lugares con más alto porcentaje de criminalidad. El plan contempla la intervención de barrios prioritarios y cascos históricos.
Reforma a la reforma
Si bien desde la oposición valoran, en líneas generales este plan anunciado por el Ejecutivo, ponen algunos matices. En ese sentido, el senador, Alberto Espina (RN), expresó su total apoyo al gobierno, aunque expresó que se debe activar en el Parlamento el proyecto de ley que apunta a fortalecer la coordinación entre todos los actores: “El gobierno tiene una deuda incomprensible en la parálisis del principal proyecto de ley que está en el Congreso: la reforma a la reforma. Es un proyecto transversal que ha sido elaborado por penalistas que establece normas fundamentales para lograr que las policías tengan mejores atribuciones, y los fiscales existan mejores investigaciones”, señaló. El parlamentario consideró como un gran avance focalizar los problemas de seguridad en los gobiernos locales, pues con un trabajo efectivo entre los actores se detectarán de forma más eficiente los focos de inseguridad.
Por su parte el senador Antonio Horvath (IND) también apuntó al sistema procesal: “En el caso del Ministerio Público también se ha formalizado demasiado, mucho antecedente, mucha carpeta, mucho archivos. Hay que hacer una reforma a la reforma”.
Problemas con la inteligencia
Una de las aristas que el gobierno ya ha tomado nota y que incluyó como un importante elemento dentro de este plan, se refiere al trabajo de inteligencia. En esa línea, Peñailillo al ser consultado sobre dónde debiesen orientarse los cambios señaló: “Dar atribuciones a las policías de tal manera que cuando se ocupen instrumentos importantes puedan ser considerados dentro del proceso judicial, lamentablemente eso hoy no existe excepto en la ley 20. 000, por tanto ampliar esas atribuciones al resto de las situaciones, nos permitirá tener una ley de inteligencia mucho más eficaz, al mismo tiempo una ley antiterrorista más eficaz legitimada por un proyecto de ley nacido en democracia y aprobada en el Congreso”. En ese sentido, el senador Hernán Larraín, luego de felicitar al gobierno por la iniciativa, también alertó sobre esta materia, criticando que hasta el día de hoy el sistema de inteligencia “ha fallado en forma ostensible”.
LOS HITOS DEL NUEVO PLAN
Principales prioridades intersectoriales Planificación y ejecución local, prevención violencia y delito, reinserción y apoyo a las víctimas, control y sanción, información y evaluación. Características centrales Se focalizarán recursos en 74 comunas que concentran el 82% de las denuncias por delitos y representan más del 72% de la población. Tendrá un costo de US$1.200 millones. Comisión Se creará un Comité Asesor para trabajar la elaboraciòn de un nuevo Código Penal basado en los trabajos anteriores. Principales metas • Reducir en un 10% la victimización por el delito de robo con fuerza en la vivienda. • Reducir en un 10% la victimización por el delito de robo con violencia. • Modernizar el Sistema Nacional de Inteligencia • Modificar la ley Nº 20.000. • Acciones concretas contra el narco y microtráfico. Nueva ley de prevención Elaboración de una ley de prevención de la violencia y el delito, que establecerá estándares mínimos, coordinará las políticas desarrolladas por diferentes ministerios y servicios e incorporará de manera transversal la prevención de la violencia.
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