Luego de la polémica por el vergonzoso intento de la bancada republicana de reformar la Oficina de Ética del Congreso de EEUU (OCE), es lógico preguntarse en qué pie se encuentra en Chile.
Y la verdad...el país está varios pasos más atrás. Bien atrás.
De hecho, se podría decir que la polémica en EEUU se generó porque los cambios propuestos acercarían a la OCE a nuestro modelo, donde todos los asuntos relacionados a la ética dependen, íntegramente, de los mismos parlamentarios que conforman las cámaras.
Además, las pocas restricciones que existen para separar, por ejemplo, los negocios de la actividad parlamentaria, o evitar suspicacias por la contratación de familiares, han permitido que cada cierto tiempo se conozcan situaciones polémicas.
Como por ejemplo, cuando en junio de 2015 se supo que el diputado DC René Saffirio había contratado a su pareja, por una remuneración mensual de $ 2 millones, para prestarle asesorías. Su respuesta: no habían irregularidades porque al momento de la contratación, no vivían juntos.
O cuando ese mismo año, se conoció que el ex presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, quien era accionista por partida doble de Banmédica (con acciones a su nombre y al de una sociedad familiar), no se había inhabilitado de votar en 2013 una reforma a la Ley de Isapres.
Ahora, entre los episodios más recordados se encuentra la participación en 2002 del entonces senador PS, Jaime Naranjo, en el programa Pantalla Abierta, al que fue invitado para hablar de la contratación de familiares. Al ser consultado por su señora, Beatriz Orellana, y quien formaba parte de su personal de planta, respondió "¿Arellano?...no, no la conozco". Al insistir Constanza Santa María si es que ambos estaban relacionados, el senador sólo atinó a contrapreguntar "¿en qué sentido dice usted pariente?...". Finalmente, reconoció que era su esposa, aunque su trabajo había sido una cosa "puntual".
Pese a estos decepcionantes casos, hay esperanza de cambios.
Esto porque ya está en evaluación la iniciativa de crear una Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria, que estaría integrada por personas ajenas al Congreso, seleccionados por Alta Dirección Pública y que asesorarían a las respectivas Comisiones de Ética.
El proyecto, que se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado (y se ha mantenido ahí desde que fue ingresado en agosto de 2015), incluye algunos artículos que representan lo que la misma ciudadanía ha exigido luego de escándalos por prácticas que están "al borde" de lo ético.
Algunos ejemplos:
-El Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional y los demás servicios comunes no podrán suscribir contratos con senadores, diputados o funcionarios directivos. Tampoco podrán contratar con personas que tengan respecto de cualquiera de ellos la calidad de cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive.
-No podrán promover ni votar ningún asunto en el que tenga un interés directo, o lo tenga su cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, cuando sea de tal naturaleza que, objetivamente, pudiera considerarse que adquiere preeminencia sobre el interés general.
-Es deber de los diputados y senadores asistir a las sesiones de la Cámara y de las comisiones a que pertenezcan. La ausencia a las sesiones de Sala dará lugar a los descuentos de la dieta que señale el reglamento respectivo.
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