Ya entró a tierra derecha el trabajo de la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes. Esta jornada de martes, la instancia escuchó, entre otros, a la defensa del secretario de Estado, el abogado Pablo Ruiz-Tagle, presentación que no dejó satisfecha a la mayoría opositora de la comisión.
En una larga presentación, Ruiz-Tagle fue capítulo por capítulo descartando que sea razonable la acusación, hasta llegar a la conclusión de que “esta defensa recomienda rechazar el libelo acusatorio” y lo propio hará en la Sala, aseguró como es lógico.
Ruiz-Tagle recalcó en reiteradas ocasiones que se está acusando al ministro de “manera liviana”, puesto que en su momento él “no tuvo convicción de que hubiera algún delito y parece que los denunciantes tampoco la tuvieron”, dada la redacción de la acusación.
En esa línea explicó que los serviu y las seremis tienen autonomía en las regiones para poder desarrollar su labor y que, en ese contexto, dependen de la subsecretaría más que del ministro.
En este sentido, el abogado aseguró una y otra vez que cuando se conocieron las irregularidades, estas fueron enfrentadas con “rigor y responsabilidad” y destacó el trabajo que Montes ha realizado en el Ministerio de Vivienda.
Durante, la sesión el diputado UDI Cristián Labbé acusó a Montes de haber mentido en relación con el informe que negó haber recibido de la entonces subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, y al desconocer al funcionario Ricardo Trincado, ambos en un primer momento; y luego haber cambiado de postura, cuando se habría probado que existía tal informe y que Trincado era su asesor.
Fue allí, cuando el abogado defensor pidió que se retirara ese término del acta si es que él podía solicitarlo, como no se podía, lo solicitó el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch.
¿Cuándo se enteró Montes?
Más tarde, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, se presentó ante la comisión, invitado por la oposición, que intentó por todos los medios que el exdiputado dejara caer alguna responsabilidad sobre Montes. Pese a esa expectativa del sector, el jefe de asesores no dijo nada nuevo o significativamente diferente de lo señalado ante la comisión investigadora del caso convenios.
Crispi reiteró que se enteró de lo que ocurría en Antofagasta a través de un rumor y lo hizo saber a la ahora exsubsecretaria Tatiana Rojas, quien le habría respondido que conocía una información parcial y que estaban recabando más antecedentes: “Yo no hablé con el ministro Montes, sino con la subsecretaria”, reiteró.
Y más adelante, explicó que recién se reunió con el secretario de Estado “debe haber sido unas semanas después” del estallido del caso, para revisar la política pública, donde se concluyó que debido a una necesidad social real, que fue el crecimiento excesivo de los campamentos debido, entre otras cosas, a la población inmigrante, el Gobierno anterior había elaborado una fórmula para satisfacer la necesidad de viviendas con la mayor rapidez posible.
Y añadió que el secretario de Estado “ha sido tremendamente proactivo en tomar las decisiones que tomó” dijo, en sucesivas consultas acerca de en qué momento se enteró el ministro Montes de lo que ocurría en Antofagasta, tanto para esclarecer los hechos como para mejorar el programa de asentamientos.
La comisión está conformada por las diputadas Emilia Nuyado (PS) y Natalia Romero (indep-UDI); y los diputados Cristián Labbé (UDI), Tomas Hirsch (Partido Humanista) y Víctor Pino (indep-exPDG), quien la preside; por lo que es altamente probable que se acoja la acusación por la mayoría y que el informe que pase a Sala recomiende aprobarla.
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