La caída real de 10,39% que acumuló el fondo E entre enero y septiembre, su segundo mayor retroceso histórico, llegó al Congreso Nacional, donde parlamentarios opositores comenzaron a expresar públicamente su preocupación respecto al tema. De hecho, los diputados Jaime Araya (indep. PPD) y Patricio Briones (PDG) fueron más allá, optando por oficiar al regulador para que explique la situación que está generando inquietud entre los trabajadores.
Así este miércoles, el legislador opositor envió el documento dirigido al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, a quien solicita que, en su calidad de autoridad fiscalizadora, “emita una instrucción de carácter general que obligue a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a informar detalladamente a cada afiliado el impacto sistémico e individual, de las pérdidas generadas por apuestas de tasas en EEUU, las que son estimadas en alrededor de US$ 7.700”, según la información dada a conocer por Bloomberg, destacó.
En segundo lugar, Araya pide “imponer las sanciones que conforme a la ley procedan, para hacer efectivas responsabilidades por actos negligentes, culpables o dolosos que pudieran existir, que han reportado severos daños a los fondos previsionales”.
Para el legislador, “resulta del todo incomprensible, que frente a esta grave información las principales AFP involucradas en estos hechos, ni siquiera se hayan referido, ni transparentado lo ocurrido, ocultando información relevante a los dueños de los fondos previsionales, que son los propios cotizantes, fundamentalmente trabajadores y trabajadoras”.
“Adecuada fiscalización”
En un tono bastante similar al de Araya y en virtud de la misma fuente referida por el primero, el jefe de los diputados socialistas, Raúl Leiva, planteó que “la pérdida de más de US$ 7.700 millones de los fondos previsionales, en una apuesta errada de las AFP contra la tasa de interés de Estados Unidos requiere de una adecuada explicación”.
El legislador añadió que la necesaria aclaración sobre estos hechos se debe dar, “sobre todo, para aquellos cotizantes del fondo E que son los más expuestos al estar ad portas de la jubilación”; y, acto seguido, exigió a la Superintendencia de AFP “una adecuada fiscalización” para establecer “si esa inversión estaba dentro de los márgenes establecidos en nuestra normativa vigente; y, sobre todo, una adecuada información a los cotizantes principalmente del fondo E”.
El diputado del PDG Patricio Briones, en tanto, señaló que “se deben aclarar los controles aplicados por la autoridad y determinar si se actuó oportunamente para proteger los ahorros previsionales de los trabajadores”.
Además, añadió que “las pérdidas reportadas de US$ 7.700 millones exigen aclarar si los controles están funcionando y si se actuó a tiempo para proteger los ahorros de los trabajadores”, pero también exige saber qué se le exigió a las AFP, cuando se advirtieron los riesgos de estas operaciones y qué medidas se están tomando para evitar nuevas pérdidas, sentenció.
Briones exigió “respuestas urgentes, respaldadas con antecedentes, y una fiscalización que se anticipe a todos estos problemas”, por lo que “si se detectan fallas, deben corregirse y establecerse las responsabilidades”, porque “los trabajadores cumplen todos los meses con su cotización y tienen derecho a exigir el mismo rigor a quienes administran y fiscalizan sus dineros”.