Una dura crítica al Presupuesto 2027 para educación superior realizó este miércoles la Red de Universidades Públicas No Estatales G9, que advirtió que la propuesta del Ejecutivo pone en riesgo el financiamiento del sistema y pidió a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazar la partida en los términos presentados.
El planteamiento fue realizado durante la discusión de la partida del Ministerio de Educación por la vicerrectora económica de la Pontificia Universidad Católica (PUC), María Fernanda Vicuña, quien leyó ante la instancia una carta del rector de esa casa de estudios, Juan Carlos de la Llera, en su calidad de presidente del G9.
En la misiva, De la Llera planteó “una objeción al proyecto de presupuesto para la Educación Superior” y advirtió que “lo que este proyecto pone en riesgo son los principios sobre los cuales Chile ha construido uno de los sistemas universitarios más sólidos de América Latina”.
Para argumentar su posición, el rector planteó que la PUC, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Santa María ocupan los lugares 1, 11, 22 y 40, respectivamente, entre las mejores universidades de la región. Advirtió que “ninguna política pública razonable castiga el desempeño” y añadió que “cuesta entender por qué se reducen los recursos precisamente allí donde el Estado ha obtenido sus mejores retornos”.
Uno de sus principales cuestionamientos apuntó a los recursos basales y, particularmente, al Aporte Fiscal Directo (AFD).
“Los aportes basales, en particular el Aporte Fiscal Directo, son fondos estructurales del sistema (…). Recortarlos ahora equivale a debilitar los cimientos del financiamiento universitario. Un aporte basal existe justamente para dar estabilidad, y pierde todo sentido si se convierte en una variable de ajuste fiscal de un año a otro”, afirmó.
“Las universidades del G9 aportan el 45% de la productividad científica del país”
En cuanto a la gratuidad, el rector de la PUC, enfatizó que “las universidades adscritas hemos asumido con convicción esta política”; no obstante, aclaró que la brecha que se genera respecto del costo real de las carreras la cubren las propias universidades con recursos que dejan de destinar a otras necesidades. Por lo que advierte que “las universidades ya están financiando una política pública insuficientemente financiada. Pedirles además que absorban recortes es exigirles un esfuerzo que el propio Estado no está dispuesto a hacer”.
En la misma línea, plantea que el sistema de financiamiento universitario “se encuentra hoy en un equilibrio precario” y enfatiza que “cuando en un sistema así se modifica un parámetro relevante, la mínima prudencia exige liberar otras variables para que las instituciones puedan adaptarse. Este proyecto hace todo lo contrario”.
A continuación, la carta señala que todo lo anterior se ve agravado con el hecho de que el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación “viene con una reducción importante de un 6,4% respecto de la base comprable 2026. Las universidades del G9 aportan el 45% de la productividad científica del país y los fondos concursables de ciencia son una parte esencial de cómo financiamos a nuestros investigadores, a nuestros estudiantes de doctorado y a nuestros centros de investigación”.
Tras las correspondientes explicaciones, De la Llera hace una solicitud nada común en circunstancias tales como la discusión del presupuesto y que sorprendió a los presentes: “Por estas razones, solicito respetuosamente a esta subcomisión que no apruebe la propuesta en los términos presentados y que se mantengan en términos reales, es decir, reajustados por inflación, tanto el aporte estatal a las universidades como los recursos destinados a ciencia e investigación”.
Finalmente, la Cuarta Subcomisión Mixta rechazó la partida por tres votos en contra y dos a favor.
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