El jueves recién pasado, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado la ley corta de pensiones que amplía la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y que la Cámara Alta debería tramitar la próxima semana. Sin embargo, los senadores contarán con un insumo al que no tuvieron acceso los legisladores que integran las comisiones de Trabajo y Hacienda de la Cámara Baja, el informe del Consejo Consultivo Previsional que sin ser vinculante sus recomendaciones pueden influir en el trabajo legislativo e influir en el resultado de las votaciones.
A los diputados les llegó esta información el mismo jueves minutos antes de la votación y vía whatsapp, por lo que algunos alcanzaron a “echarle una mirada”, pero no a analizar su contenido en profundidad. Como antecedente, la iniciativa se aprobó en general casi por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala (131 votos), salvo por la abstención, la del republicano Johannes Kaiser.
Sin embargo, durante la tramitación en comisión, el diputado RN Frank Sauerbaum -quien integra Hacienda y Trabajo- había alertado y manifestado su preocupación al Gobierno acerca de que los parlamentarios no contaran con este antecedente y posteriormente denunció su llegada solo minutos antes de la votación en la Sala, pese a que él mismo no votó pues estaba pareado con su par socialista Marcos Ilabaca.
En fin, es difícil predecir cuánto hubiera cambiado el resultado de la votación si los diputados hubieran accedido al informe con anterioridad, considerando lo popular de la iniciativa; no obstante, las recomendaciones del Consejo Consultivo Previsional, al menos ameritaban “un análisis más profundo de los datos entregados”, señala un legislador aunque admite que no por ello habría cambiado su voto.
Revisar el número de potenciales beneficiarios
El informe del consejo, de 36 carillas, sugiere que el Gobierno debiera revisar la cifra de nuevos beneficiarios de la PGU a raíz de la ampliación de la cobertura y el gasto fiscal asociado al mismo.
Ello, porque según se explica en el documento el escenario base de la Dipres, sin reforma, supone un total de beneficiarios de la PGU de 2.339.717, en 2023; por lo que “sin cambiar el umbral, existirían 429.840 beneficiarios adicionales respecto de noviembre de 2022 (1.909.877). Considerando que el número de concesiones de noviembre y diciembre se ubicó en torno a 35 mil mensuales en promedio, se proyectarían cerca de 400.000 beneficiarios adicionales durante este año, sin cambios de cobertura, es decir en el escenario base”.
En este sentido, el texto argumenta la sugerencia, señalando que “lo anterior, muestra que la estimación de beneficiarios para 2023 es elevada a la luz de las cifras de cobertura con que cierra el año 2022 y del aumento de cobertura registrado en los últimos 12 meses”.
Por otro lado, respecto al gasto fiscal, el consejo señala que el impacto del proyecto en esta materia “no muestra diferencias sustantivas en términos del gasto adicional (…), pero sí existen diferencias respecto del gasto total proyectado, el que resulta inferior en el escenario con población ajustada al haber un menor número de beneficiarios”.
Y en cuanto a los posibles efectos de la ampliación del universo de beneficiarios de la PGU sobre el ahorro previsional y el mercado del trabajo, “dada la magnitud acotada del cambio, estos se estiman poco significativos”, señala el documento.
El documento concluye haciendo hincapié en la conveniencia de realizar campañas comunicacionales que muestren con claridad que el beneficio de la PGU no exige estar jubilado para ser recibido, “siendo esta una diferencia importante y positiva respecto a los beneficios anteriores” y plantea la necesidad de “realizar mayores esfuerzos de fiscalización con el propósito de reducir la informalidad y la evasión y elusión de cotizaciones previsionales”.
Vuelven las dudas sobre las cifras
Por su parte, Sauerbaum destacó que del informe le llamó la atención que “los números que dio a conocer el Gobierno no son los mismos números que da a conocer el Consejo Consultivo Previsional, por lo tanto, se votó sin la información correcta”, por lo que llamó al Ejecutivo a “hacer una aclaración de esos números”.
Y aseguró que desde su sector se harán todos los esfuerzos para que esto no vuelva a ocurrir, porque “si bien la opinión del Consejo Consultivo no es vinculante, claramente tiene una relevancia en la decisión que toman los parlamentarios. Si no, finalmente no tiene sentido su existencia”.
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