En medio de la situación de crisis generada por los incendios en algunas comunas de la Quinta Región, como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, donde las tres últimas resultaron particularmente afectadas; un carro de Bomberos rompió la barrera del peaje Troncal Sur, en Quilpué, cuando la concesionaria intentó cobrarle el costo del cruce el pasado sábado.
A raíz de lo sucedido la senadora oficialista independiente Alejandra Sepúlveda –una de las suscriptoras de la norma- y su par del Partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Esteban Velásquez oficiaron a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y al director general de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, con el fin de solicitar que informen las fiscalizaciones y sanciones a las concesionaras de carreteras en virtud de lo mandatado en la ley N° 20.908 que modifica la norma de concesiones de obras públicas, para eximir del pago de peaje a los vehículos de emergencia durante el ejercicio de sus funciones.
En el documento, los parlamentarios exigen que se informe sobre los cambios en los contratos de concesión de autopistas, mandatados por la citada ley, acompañando un listado de todos los contratos modificados y los posteriores a la entrada en vigencia de la ley; en segundo lugar, que se instruyan todas las fiscalizaciones necesarias, para sancionar a todas a las concesionarias que incumplan, entorpezcan o hayan entorpecido el traslado de los vehículos de emergencia.
Adicionalmente, el texto exige informar sobre todas las multas que se hayan cursado desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.908, cuál es su monto y detalle las concesionarias sancionadas por incumplir la ley; y, por último, piden que se informe si es que se inició, de oficio o a raíz de una denuncia, un proceso sancionatorio por el hecho ocurrido el sábado, en que bomberos se vio obligado a tirar la barrera, porque se les estaba cobrando el peaje, a pesar de que iban a una emergencia.
La propia Ley N° 20.908 establece que las sanciones por su incumplimiento van entre una y 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), por cada infracción, lo que significa que en pesos va de $ 64.343 a $ 3.217.150.
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