Un intenso debate sobre la constitucionalidad de la reforma a la carta magna que busca crear un impuesto al patrimonio -denominado también como gravamen a los “súper ricos”- se desarrolló en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que ayer dio inicio a la etapa de audiencias y recibió a cinco abogados constitucionalistas.
Los académicos se refirieron a los aspectos formales de la iniciativa, que busca establecer un impuesto por única vez de 2,5% a los patrimonios de personas naturales iguales o superiores a US$ 22 millones para financiar una renta básica de emergencia.
La primera en intervenir ante los parlamentarios fue la académica de la U. de Chile, Liliana Galdámez, quien manifestó que desde el punto de vista de presentación, la moción “cumple con los procedimientos y normas de constitucionalidad”, validando que sea mediante una reforma constitucional transitoria. Asimismo, dijo que a su entender el quorum para aprobar el texto debe ser de 3/5 de los parlamentarios en Sala.
Señaló que “la propuesta es compatible con la Constitución porque estamos en dominio del constituyente derivado” y agregó que “no debe ser una barrera desde el punto de vista procedimental para que el Congreso discuta el fondo”, ya a su juicio “la Constitución no consagra el derecho a no tributar por el patrimonio”.
En tanto, la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos del Instituto Libertad y Desarrollo, Natalia González, señaló que es contraria a la iniciativa debido a que “no se respeta el Estado de Derecho y esto es un fraude al marco jurídico”. Así, aseguró que la reforma tendrá un techo de 2/3 de votos para ser aprobada.
Planteó que la reforma en cuestión es “grave porque altera las facultades exclusivas del Presidente en materia de iniciativa para establecer tributos y desdibuja los límites entre los poderes del Estado. La iniciativa exclusiva del Presidente es para evitar potenciales populismos”.
El abogado cercano a la DC, Patricio Zapata, indicó que “mi convicción es que la no afectación hay que tomársela en serio. Es una garantía constitucional del contribuyente que establece que los dineros vayan a un fondo común”.
Afirmó que “el argumento de la transitoriedad y del Estado de Excepción no achican los derechos, para usarlos en forma elástica y decir que hay momentos en que se achican por un año. El principio de los derechos fundamentales no desaparece en una emergencia y en materia de quorum esta reforma, como está, requiere de 2/3 para su aprobación”.
A su turno, el académico UC Arturo Fermandois manifestó que tiene dos reparos ante la iniciativa. “Este proyecto se presenta de forma transitoria, es ajeno a la práctica habitual, distorsiona el quorum y la naturaleza de un artículo transitorio; y priva al Presidente de su facultad exclusiva” en materia de tributos, dijo.
Agregó que “si me preguntan si puede incorporarse un tributo en un artículo transitorio, me parece que no. Además, ni la pandemia ni la expresión única vez lo transforma en que se pueda votar por 3/5”.
El presidente de la comisión, Matías Walker (DC), informó que en la próxima sesión se invitará a tributaristas, luego a economistas y finalmente a gremios y organizaciones de trabajadores, antes de someter a votación la iniciativa.
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