Hubo varios artículos que fueron foco de controversia en la Cámara Alta. Entre ellos, estuvo una nueva gobernanza para el SII; la figura del denunciante anónimo para investigaciones tributarias; el mecanismo para flexibilizar el secreto bancario; y la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) directamente por el SII y sin pasar previamente por un tribunal.
Dichos artículos fueron parte de un intenso trabajo técnico y político en la Cámara Alta, que dieron como resultado enmiendas que fueron visadas en el segundo y en el tercer trámite.
En el caso de la gobernanza del SII, se aprobó la creación de un comité ejecutivo integrado por el titular del servicio y los subdirectores de Fiscalización, Jurídica y Normativa, y que deberá tomar decisiones respecto a materias claves de índole institucional, como querellas, aplicación de la NGA, y condonaciones, por citar algunas. Asimismo, se define que las subdirecciones serán cargos adscritos a concurso en Alta Dirección Pública (ADP).
También se crea un consejo tributario, que será integrado por cuatro consejeros externos al SII -elegidos por el ministro de Hacienda de una terna de ADP- y también por el director del servicio y que deberá pronunciarse sobre la legalidad de algunas circulares del organismo. Además, tendrá opinión no vinculante sobre los planes de fiscalización anuales de la entidad.
En cuanto a la NGA, se eliminó el consejo externo que opinaba sobre los casos donde aplicar la norma, radicando dicha decisión en un comité interno del SII. Asimismo, se mantiene su aplicación en sede judicial, donde el director del servicio deberá acudir primero a un TTA y ahí el contribuyente defenderse. Se aumenta a seis años el plazo de prescripción.
En secreto bancario, también se mantuvo como condición previa la presentación del SII ante un juez para acceder a la información de un contribuyente, pero se acotan los plazos de respuesta; y se definen causales más graves donde el contribuyente no podrá oponerse al levantamiento.
Sobre el denunciante anónimo, se mantuvo la recompensa -equivalente al 10% de la multa aplicada al contribuyente denunciado- pero se puso un límite inferior para su aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a $ 80 millones (100 UTA). También se regularon mejor las sanciones y las condiciones para perder la calidad de denunciante, como por ejemplo hacer publicidad de la acusación.
Otros artículos relevantes fruto del acuerdo en el Senado fueron los nuevos controles del SII a operaciones de alto monto realizadas en efectivo. Se propone que en transacciones que oscilen entre 50 y 135 UF el pagador deba identificarse y utilizar medios legales que permitan una mayor trazabilidad. El cambio del límite de dichas transacciones será definido por Hacienda, previo informe favorable del Banco Central.
También se visaron normas para exigir el inicio de actividades para la entrega de créditos de parte de bancos a empresas y para comerciantes que utilicen terminales de pago (como POS), regulando situaciones excepcionales; el mayor control del servicio al uso de plataformas de intermediación de terceros para comercializar bienes sin cumplir sus obligaciones fiscales; y que el SII exija a vendedores habituales de bienes usados un certificado identificando al proveedor de dichos productos.
A su vez, se eliminó la exención de IVA para importaciones de menos de US$ 41. A cambio, se creó una franquicia para eximir de aranceles las mercancías avaluadas en hasta US$ 500.
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