El abogado y socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, valora el eje de medidas antievasión y elusión que propuso el Gobierno en el marco del pacto fiscal, pero hay algunas que le generan más ruido, principalmente la figura del "denunciante anónimo" con fines tributarios.
- ¿Qué le parece en general los anuncios de los proyectos que contempla el pacto fiscal?
- Tiene aspectos aceptables, como el relativo al combate a la elusión ilícita y evasión tributaria, salvo en lo que respecta al “denunciante anónimo”, con lo cual nunca he estado de acuerdo, por tratarse de una medida que crea incentivos perversos y que a mi juicio es innecesaria.
Creo que, efectivamente, lo que debe priorizarse es el combate a la elusión agresiva y a la evasión mediante la fiscalización por parte del SII, de tal manera de lograr que aquellos rubros o sectores que actualmente no pagan impuesto, o que no cumplen a cabalidad, comiencen a hacerlo. Me parece que en ese ámbito hay mucho por hacer, especialmente a nivel del comercio que se desarrolla de forma online desde plataformas virtuales, muchas veces situadas en el exterior. Sólo se ha regulado una parte de los prestadores de servicios a través de plataformas tecnológicas (fundamentalmente entretenimiento y software), pero falta todavía regulación en otros ámbitos, tanto a nivel de IVA como de impuesto a la renta.
En esta materia, creo que hay que ser sumamente pragmático, y aplicar o exigir retenciones de impuesto a las entidades bancarias o de otro tipo que intervienen en la recaudación de los pagos de este tipo de plataformas, tal como se hizo con el IVA respecto a los prestadores de servicios de entretenimiento.
En lo demás, creo que el pacto es muy tímido a la hora de establecer beneficios o incentivos tributarios para la actividad económica. Se insiste en beneficios reducidos y de poca ventaja tributaria, como son los de franquicia para la investigación y desarrollo y depreciación semi-instantánea.
- ¿Ve problemas de constitucionalidad al insistir en presentar un proyecto con medidas antievasión y elusión, que ya eran parte del proyecto original de reforma?
- No soy constitucionalista, pero no veo a priori un problema de inconstitucionalidad, pues entiendo que las medidas que se propondrán en este ámbito no son exactamente las mismas contenidas en el proyecto original, sino que se le han introducido las mejoras y ajustes necesarios para darles mayor objetividad y transparencia.
Aun así, no estoy de acuerdo con la figura del denunciante anónimo, ni siquiera estipulando sanciones para el proceder de mala fe, puesto que es una figura que genera demasiada incertidumbre y desconfianza en todo el sistema, especialmente si quien evaluará la elusión o evasión es la propia autoridad fiscalizadora. Se generaría un lazo de dependencia impropio entre la empresa y sus dependientes o asesores de confianza frente a la sola eventualidad de una denuncia especulativa, y que de todas maneras causaría daño a la empresa afectada, independiente del resultado.
Creo, además, que no es una medida necesaria si el SII robustece su fiscalización en todos los ámbitos, y no sólo a nivel de los grandes evasores o de los grandes patrimonios. Hay muchas veces una “evasión hormiga” (de poca monta) que en el agregado puede ser muy dañina para las arcas fiscales.
- ¿Qué faltó en el anuncio?
- Creo que lo importante es aquello que no debiera estar en el proyecto. Me refiero a los aumentos de impuesto que están anunciados para las personas y para las empresas eventualmente.
Las cargas tributarias actuales en Chile son altas, tanto para las empresas como para las personas, por lo que creo que no existe espacio para pensar en aumentos de tasa de impuesto, como se ha propuesto en los últimos proyectos.
- ¿Cómo ve que se haya renunciado finalmente a insistir con el impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas?
- Me parece que eso es un piso mínimo para plantear un nuevo proyecto en el ámbito tributario. Habría sido derechamente inadmisible que se insistiera en dos medidas tributarias que son absolutamente contrarias a la inversión y la actividad económica, y que, además, como ocurre en el caso del impuesto al patrimonio, han sido ineficaces a nivel mundial, y desdeñadas por muchos países.
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