Si bien de forma unánime los colegios profesionales que agrupan a ingenieros, arquitectos, abogados y contadores coinciden en que es necesario avanzar en mejorar las pensiones -en especial de las personas más vulnerables-, encienden una luz de alerta sobre el impacto que tendrá en las PYME la afectación con IVA de los servicios profesionales que presten las empresas.
Esto, ya que el Ejecutivo definió que a partir del 1 de enero de 2022 las sociedades de profesionales, asesorías técnicas y consultorías -que no sean de salud, educación y transportes- comenzarán a pagar el 19% por sobre sus ventas. Esto, con la excepción de las actividades que se hagan como personas naturales que emitan boletas a honorarios.
“En general, estamos muy de acuerdo con el objetivo de la ley corta de pensiones. No obstante, el mecanismo de financiamiento consideramos que debe ser vía aumento de impuestos directos”, comenta el director ejecutivo de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro.
En específico, sobre el IVA a los servicios manifiesta que “afectará negativamente a pequeñas consultoras contables y tributarias que tiene mayor número de clientes PYME y personas naturales”. ¿La razón? Será en estos casos en que habrá más limitaciones para traspasar ese costo adicional.
Lo que remarca es que “no puede ser” que el 5% del proyecto se financie gravando las ganancias de capital en operaciones bursátiles, mientras que el resto se obtenga con eliminación de exenciones a impuestos indirectos, como el IVA, lo que profundiza la falta de equidad entre quienes pagan impuestos, un “problema estructural” del sistema chileno. Y agrega que “en gran parte” de los países OCDE la mayor recaudación se obtiene con tributos a la renta de las empresas y personas. Es decir, la base son impuestos directos.
“Consideramos que la incorporación del IVA a los servicios, junto con la eliminación del crédito especial a las empresas constructoras, no aportan una mayor progresividad”, señala.
Traspaso del mayor costo
Para el Colegio de Arquitectos, este mayor costo se traspasará al valor del inmueble o, bien, lo asumirán los profesionales en desmedro de sus honorarios.
“Los arquitectos producimos planos, no tenemos márgenes más allá de 10% a 15% y el principal insumo es la mano de obra”, detalla el presidente del Comité de Gestión Inmobiliaria de la entidad, Gonzalo Martínez.
Ante esto, reconoce que están “muy preocupados”, ya que temen que una sociedad de profesionales no resistiría salvo que se aumentara el precio de la construcción y que los propietarios estuviesen dispuestos a pagar más: “Lo que encontramos difícil”.
Una visión similar tienen en el Colegio de Ingenieros. Christian Cancino, el secretario de especialidad de Ingeniería Comercial y Control de Gestión de la entidad, comenta que es posible que una firma de menor tamaño ya no se vea motivada a seguir contratando asesorías profesionales, ya que por volumen de ventas no es claro que le vaya a cuadrar el crédito fiscal (que es el descuento de IVA entre lo que compra y lo que vende).
En una lógica similar, el presidente del Colegio de Abogados, Héctor Humeres, asevera que la iniciativa “afecta al ejercicio de nuestra profesión”, dado que en definitiva “encarecerán” los servicios que prestan y “en muchos casos ellos no serán recuperables”.
Ante esto, Martínez propone que el Gobierno vuelva a revisar este punto, ya que a su juicio “no han pensado bien el impacto que tiene en la sociedad de profesionales la aplicación de este impuesto”.
Cancino, en tanto, recomienda que el Ejecutivo le dé beneficios a las PYME para que la medida se adopte con gradualidad asumiendo que tendrá un impacto en ellas.
Pizarro agrega que el Colegio de Contadores se abocará esta semana a identificar con mayor precisión los alcances de estas medidas tributarias: “Lo importante es entender quién finalmente paga el impuesto”.
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