Durante exactas dos horas se reunieron este jueves las ramas que componen la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) con las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda, ya en los descuentos ad portas de que el Ejecutivo entregue este lunes los detalles del cronograma para retomar la vía legislativa de la reforma tributaria, ahora a través de un “pacto fiscal”.
Por Teatinos 120, lideraron la cita el ministro Mario Marcel, la subsecretaria Heidi Berner, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y el co-coordinador de Política Tributaria, Diego Riquelme.
Las contrapartes fueron el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, su vicepresidenta Susana Jiménez y el gerente general Fernando Alvear; mientras que por las ramas acudieron el vicepresidente de Sofofa, Óscar Hasbún, y el timonel de la Sonami, Jorge Riesco, entre otros.
La CPC propone crear un fondo soberano -o endowment- cuyos aportes provengan de la liquidación de activos del Estado, el pago anticipado de arriendos de concesiones del litio y el adelanto del pago del valor residual de las obras de infraestructura.
En la reunión, los empresarios entregaron un documentos de 42 páginas, denominado “Acuerdo por el crecimiento económico y la eficiencia del gasto público”.
Junto con agradecer al ministro su invitación a colaborar con el pacto fiscal, las ramas aportaron seis reflexiones al debate. La primera es que el empresariado tiene un “firme compromiso” con el desarrollo del país y las necesidades ciudadanas, concentradas en seguridad, salud, pensiones y educación. “Para lo anterior, se necesita financiamiento estatal, que en última instancia proviene de los contribuyentes”, dicen.
A su vez, la CPC argumenta que en lo más reciente las empresas han contribuido con “importantes recursos adicionales”, mencionando leyes como la reducción de jornada laboral a 40 horas semanales, la reforma de pensiones, el royalty a la minería, y el salario mínimo de $ 500 mil, entre otros. Todas medidas que implican, calcula la multigremial, un aumento de costos en el sector privado entre 3,7% y 4,1% del PIB, “carga que aún no ha sido totalmente internalizada en la actividad productiva”.
Adicionalmente, vuelven a criticar un alza de impuestos, señalando que las alzas en la carga fiscal de la última década han “profundizado” la “ralentización” del PIB, el aumento de los tributos a los contribuyentes formales y el alza de los ingresos fiscales que no ha redundado en la desigualdad ni en la calidad de los servicios públicos, dicen las ramas.
“A lo anterior se suma un sistema público de permisos ambientales y sectoriales que se ha transformado en un importante escollo”, dice la CPC en el documento.
“Para abordar este escenario, en lugar de aplicar alzas tributarias o nuevos impuestos, proponemos avanzar en un acuerdo por el crecimiento económico y la eficiencia del gasto público, pues el crecimiento explica la mayor parte del incremento de la recaudación fiscal en los últimos 30 años”, dijo Mewes.
Tres pilares
El documento contempla más de 40 propuestas bajo tres ejes: reimpulso económico, crecimiento de mediano y largo plazo, y recursos adicionales para el Estado.
En el primer pilar, piden acelerar la entrega de viviendas del Plan de Emergencia Habitacional; potenciar el sistema de concesiones para apurar la desalación; permitir por 24 meses aumentar el número de viviendas acogidas al DFL-2; la aplicación del régimen de depreciación instantánea; perfeccionar la Ley de Delitos Económicos; tomar medidas para “terminar” con el comercio ilícito; y aumentar el límite de contratación de trabajadores extranjeros en las empresas, por citar algunas.
En crecimiento de mediano y largo plazo, los empresarios vuelven a mencionar las modificaciones al sistema de permisos para proyectos, así como pasar a un esquema desde permisos para inversiones a declaraciones juradas; converger en el mediano plazo a una tasa de tributación para los inversionistas nacionales similar a la de los extranjeros (44,45% hoy versus 35%); considerar regímenes de invariabilidad tributaria para “todo tipo de proyectos”, pero pagando un “premio adicional”; extender los actuales contratos de litio y la explotación privada de los salares, “sin poner al Estado como controlador de las operaciones del mineral”; modificar el Estatuto Administrativo, mejorar el sistema de evaluación en el Estado y “racionalizar” programas mal evaluados, con objetivos duplicados y de bajo presupuesto.
En el último eje, la CPC muestra su oposición a la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA), los cambios a la fiscalización de las reorganizaciones empresariales de parte del SII, y la creación de la figura del “denunciante anónimo”.
Para allegar recursos para el Fisco, la CPC sugiere crear un fondo soberano -o endowment- cuyos aportes provengan de la liquidación de activos del Estado, el pago anticipado de arriendos de concesiones del litio y el adelanto del pago del valor residual de las obras de infraestructura, entre otras.
Las partes se reunirán de nuevo, independiente de que el lunes Hacienda dé a conocer el cronograma para el pacto fiscal.
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