Los abogados tributaristas se dedicaron prácticamente a una sola cosa este miércoles: leer, intepretar y explicar a sus clientes las indicaciones ingresadas el martes por el Ejecutivo al proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias. O más bien, el proyecto antievasión y elusión.
Entre los especialistas hay consenso de que el mayor interés estuvo en los mecanismos para contrapesar el poder del director del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Con esto en mente, el Gobierno presentó enmiendas que crean dos instancias: el primero es el comité ejecutivo, que es integrado por el titular del SII y las subdirecciones de Fiscalización, Jurídica y Normativa y que se pronunciará sobre materias relevantes, como la aplicación de la Norma Antielusiva, presentación de denuncias o querellas superiores a UTA 1.200, la recompensa al denunciante anónimo, transacciones con interés institucional y la aprobación o rechazo de las autodenuncias de los contribuyentes.
Los especialistas también ponen el foco en que no se genere mayor burocracia o lentitud en la toma de decisiones del SII por los nuevos comités que se crean.
Dado que los subdirectores ahora serán designados previo concurso en Alta Dirección Pública (ADP), se estima que serán más autónomos para contrapesar las decisiones del director.
El segundo organismo es el consejo tributario, que tendrá cuatro integrantes externos y será presidido por el jefe del SII. Escogidos por el ministro de Hacienda de una terna propuesta por ADP, tendrán opinión vinculante sobre la juridicidad de algunas circulares del SII y no vinculante sobre los planes de fiscalización del organismo.
La socia de Tax & Legal de PwC Chile, Loreto Pelegrí, propone que el consejo tributario no solo pueda pronunciarse sobre circulares, sino también sobre “todas las instrucciones que tengan por objeto interpretar con carácter general normas tributarias, o aquellas que modifiquen criterios interpretativos previos”.
La nueva institucionalidad creada, más que darle mayor autonomía al SII, busca que las decisiones más importantes en la entidad sean tomadas de forma colegiada y no unipersonal, considera el socio de Tax Controversy en Deloitte, Pablo Quezada, para que así no ocurran situaciones como la circular que ampliaba el impuesto específico a las bebidas deportivas y néctares y que fue declarada contraria a derecho por la Justicia.
“Lo que sí otorga más autonomía al SII es que su director ya no será nombrado directamente por el Presidente de la República, sino que por el sistema de Alta Dirección Pública, garantizando su independencia del Gobierno de turno”, dice.
Como un paso en la dirección “correcta” define el socio adjunto de Impuestos de EY, Víctor Fenner, la creación de ambos cuerpos colegiados, aunque advierte: “Va a ser muy importante que ambos nuevos organismos logren desenvolverse con fluidez, ya que su sola existencia supone la creación de nuevos procedimientos y de un proceso más largo de toma de decisiones. Por ende, arriesga que esta nueva burocracia haga todo más lento, más ineficiente, o tienda a diluir responsabilidades”.
¿Con o sin el director del SII?
El socio líder de Consultoría Tributaria de KPMG, Andrés Martínez, valora el comité ejecutivo, aunque enfatiza que “no es una novedad”, ya que hace “varios años” el SII cuenta con reuniones periódicas en donde se discuten decisiones complejas o los casos difíciles y en donde participan las distintas subdirecciones.
“El comité ejecutivo vendría más que nada a darle forma a esta práctica y formalizar la instancia, brindando un marco estructurado, donde habrá ciertos temas que obligatoriamente tendrán que pasar por ahí para que se ponderen todas las visiones al interior del SII frente a los casos difíciles”, complementa.
La participación del director del SII en el consejo tributario es el punto más crítico para el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, debido a que la opinión de los consejeros no será vinculante en todos los temas.
“La propuesta de Hacienda es absurda, equivale a que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sea presidido por el director de Presupuesto y que evalué su propia gestión de la regla fiscal. El Consejo debe ser más robusto en que realice la supervisión general, participar en el desarrollo y la planificación de estrategias, opinar y brindar asesoramiento sobre las revisiones de políticas operativas y participar en la aprobación del presupuesto”, propone y señala que debiera estar integrado por cinco consejeros, que a su vez escojan al director del SII.
Si bien el jefe del servicio será parte del consejo tributario, el socio de Impuestos de Grant Thornton Chile, José Antonio Tapia, pone de manifiesto que la mayoría de los integrantes serán externos: “Solo formarán parte de este consejo profesionales que realicen asesoría tributaria, lo que induce directamente a que sea conformado por personas externas en vez de funcionarios públicos que tengan la experiencia suficiente como para participar en estos cargos”.
Más crítico es el socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, para quien los nuevos órganos no son “tan necesarios”, ya que por ejemplo se mantiene en sede judicial la aplicación de la Norma Antielusiva: “Creo que da una garantía adicional al contribuyente el que exista un comité ejecutivo que se pronuncie especialmente sobre calificar una elusión ilícita, pero lo fundamental es que se mantiene la decisión de aplicación de la Norma Antielusiva en los tribunales de justicia, y no bajo la sola discreción del SII”.
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