Incorporar un impuesto a los más ricos como herramienta para hacer frente a la pandemia ha sido una opción planteada en distintos países del mundo y América Latina, y aunque a priori los proyectos cuentan con respaldo ciudadano, su tramitación no está exenta de barreras.
Justamente este fue el caso de Perú, país en el que se han propuesto distintas iniciativas para abordar el tema, que ayer fue descartado de momento por el gobierno de Martín Vizcarra.
En una presentación ante la comisión de Presupuesto del Congreso, el viceministro de Economía, Mario Arróspide, aclaró que aunque el gobierno anunció su interés por la iniciativa en abril, esta no está en los planes del Ejecutivo.
El motivo, sinceró, no sería falta de afinidad con la iniciativa, sino de prioridades, y que a su juicio todavía hay espacio para elevar la recaudación tributaria a través de la reducción de la evasión.
"Hay un elevado nivel de incumplimiento en IGV e Impuesto a la Renta de tercera categoría, que tiene un 49% de nivel de incumplimiento. Hay un espacio importante donde podemos avanzar en el corto plazo para elevar la recaudación", precisó la autoridad.
Las declaraciones generaron sorpresa en el país vecino, ya que en abril el mismo Vizcarra abrió la puerta a implementar un impuesto adicional para las personas de mayores ingresos, pero ahora el segundo al mando de Economía sinceró que "un contexto de crisis y contracción económica no es el mejor momento para hacer reformas tributarias, sobre todo cuando se requiere dar predictibilidad a los agentes".
Por lo mismo, y tomando en cuenta que el Ejecutivo no es contrario a la iniciativa, el viceministro adelantó que la cartera trabajará en propuestas de reforma, las cuales serán recomendaciones para la próxima administración. "Será el próximo gobierno el que tenga que implementar una labor de este tipo", indicó.
¿Qué modelos propone Perú?
En marzo el partido Frente Popular Agrícola del Perú -el mismo que impulsó el retiro de los fondos de pensiones, tanto privados como públicos- planteó que las personas naturales que hubieran obtenido ingresos superiores a US$ 280 mil durante el año fiscal, o que tuvieran inmuebles por sobre ese valor, pagaran un impuesto con tasas entre 0,22% y 1% del monto.
La propuesta, sin embargo, contó con "problemas de estructura y diseño" según los medios locales, ya que no especificaba si la base gravable del impuesto era sobre los ingresos o sobre el patrimonio.
Luego, en mayo, el Frente Amplio del país impulsó gravar el patrimonio de las personas que al 1 de enero de cada mayo superaran los US$ 488 mil, incluyendo en dicho concepto inmuebles, vehículos, acciones y bonos que cotizan en la bolsa, entre otros bienes. Este impuesto, según el proyecto, sería aplicable al patrimonio neto con una tasa progresiva del 1 % hasta el 5 %.
Adicionalmente, se planteó crear un "Padrón de la Riqueza", el cual tendría como objetivo llevar el registro puntual del patrimonio de las personas que pagarían este impuesto.
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